400 echados pese a "inamovilidad"

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S. CABRERA Y D. ISGLEAS

En dos años fueron destituidos 400 funcionarios públicos. En el seno del gobierno conviven opiniones muy distintas acerca de la necesidad de reformar la Constitución y quitar la polémica "inamovilidad".

Es un tema que estará en debate en 2007, el año en que el Poder Ejecutivo pondrá la lupa en la reforma del Estado. Hoy, el mecanismo para destituir a un empleado público es lento y complejo.

En la Oficina de Servicio Civil (OSC) funciona una comisión con participación sindical que, cada mes, analiza distintos casos de posibles destituciones. Más del 90% de los pedidos de destitución son aprobados. En 2005, la comisión propuso el cese de 203 funcionarios por alguna de las tres condiciones previstas por la Constitución: ineptitud, omisión o delito. El año pasado la cifra llegó a 190. Así, entre los dos primeros años de gobierno del Frente Amplio fueron echados por lo menos 393 funcionarios, según Servicio Civil.

En esas cifras no se incluyen los ceses de militares y policías, que tienen un procedimiento particular. Tampoco las de empleados con contratos precarios, como becarios, pasantes, de "cachets" o de obra.

De los 393 ceses, hay 57 cuya decisión final pasó por el Senado, que dio la correspondiente venia. Se trata de los empleados que realmente gozan de lo que se conoce como "inamovilidad": los presupuestados de la Administración Central. Los ministerios de Salud Pública, Defensa y Economía son los que más casos han enviado al Parlamento en los últimos dos años. Salud tiene 26 de los 57 casos y Economía diez, de los cuales la mayoría corresponden a la Dirección Nacional de Aduanas. En Defensa hubo siete despidos de presupuestados.

La causa más común de destitución es "omisión": problemas de conducta, como faltas habituales al lugar de trabajo o incluso robos. Aunque el proceso es lento, la Oficina de Servicio Civil cree que si el Estado quiere destituir a un empleado, lo puede hacer sin problemas.

Pero también hay algunos frenos. Humberto Ruocco, subdirector de al OSC, hizo referencia a problemas de gestión: "Hay superiores que me dicen que quieren sacar a tal funcionario. Pero luego vemos que el empleado nunca recibió una sanción y tiene el legajo limpio".

PUJA. Más allá de las cifras, el debate está planteado en la interna del gobierno. El ministro de Industria, Jorge Lepra, dijo en una entrevista con el semanario Búsqueda que el gobierno acabará con la inamovilidad en 2007. "La inamovilidad es una cosa que se va a estudiar y a terminar. No puede ser que una persona tenga inamovilidad de por vida", opinó Lepra.

Sin embargo, las reparticiones estatales que están directamente implicadas en el asunto -Oficina de Servicio Civil y Oficina de Planeamiento y Presupuesto- son muy cautas cuando se las consulta y afirman que hoy este asunto no es prioridad.

"No podemos entrar en el camino fácil de decir que los problemas del Estado están en la inamovilidad", dijo Ruocco a El País.

Para Ruocco, quitar la inamovilidad "no es motivo de desvelo": está preocupado por "hacer un Estado más eficiente, que no dependa del clientelismo". Lepra "puede decir lo que quiera", contestó, tras admitir que el tema generará "polémica" en la interna del gobierno. Y siguió: "Parece que todos se sienten en el derecho a opinar de algunos temas".

"Yo no pretendo ser el que diga: éste sí, éste no. Los dedos deben estar por encima de la voluntad de los funcionarios de turno. Cuando hay cambio de gobierno, en las intendencias suele pasar que los que llegan dicen: `ahora van a entrar los míos y saldrán los otros`. ¿Eso favorece al Estado?", preguntó.

Para Ruocco, lo central "no es que haya zozobra ni inestabilidad", sino que el funcionario tenga posibilidades de desarrollarse. "En Ancap los funcionarios se llaman a sí mismos ancapeanos. Eso es sentido de pertenencia", ejemplificó. "Pero también sabemos que hay que tener todas las posibilidades de que el que no cumpla, deje de pertenecer al Estado", admitió.

En ese sentido, Servicio Civil estudia la posibilidad de "mejorar" los mecanismos de destitución, "flexibilizando los procesos" para que sean más "ágiles", pero "sin quitarle garantías" a los funcionarios. A la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se le transmitió que se analizará la posibilidad de "precisar más" las causales de destitución.

Ruocco integra la comisión que evalúa la reforma del Esta-do junto al presidente de An-cap, Daniel Martínez, el asesor presidencial Conrado Ramos y el subdirector de la OPP, Daniel Mesa.

Mesa adelantó que la comisión "no se plantea" eliminar la inamovilidad. "Es un tema de discusión, tenemos opiniones de los distintos ministros y de legisladores en un sentido y en otro. Para nosotros no es un tema de primera línea. Más bien en primera línea está ver qué es lo que el Estado necesita", opinó Mesa.

El artículo 60 de la Constitución establece la carrera administrativa para los empleados presupuestados de la administración central, quienes se declaran "inamovibles". La Constitución dice que al presidente le corresponde destituir a los presupuestados "por ineptitud, omisión o delito en todos los casos con acuerdo de la Cámara de Senadores", pasando el expediente a la Justicia. Si el Senado o la Comisión Permanente no dictan resolución definitiva, el Poder Ejecutivo prescinde de la venia solicitada a los efectos de la destitución.

Pero antes de llegar al Parlamento, el caso recorre un largo camino. Primero tiene que haber una decisión del jefe del área, se realiza un sumario y, si se prueba la causa, el ministro firma la destitución. El caso debe pasar por la comisión bipartita de la Oficina de Servicio Civil, que elabora el último informe.

En las intendencias el mecanismo es distinto y opera directamen-te la Junta Departamental. "Están tan poco protegidos que cuando cambia el intendente suele plantearse un drama acerca de qué se ha- ce con los funcionarios contratados", admitió una fuente oficial.

¿La inamovilidad es un mito? En los hechos, de los cerca de 200.000 funcionarios públicos, los únicos amparados por la inamovilidad son los empleados presupuestados de la administración central, sin contar los policías y militares. Así, se trata de unas 16.000 personas, cerca del 10% del total.