Gobierno argentino impulsa fuerte reforma en el sistema previsional

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GDA | LA NACIÓN

El gobierno argentino anunció una importante reforma del sistema previsional que permitirá que los afiliados al régimen de capitalización puedan pasarse al de reparto. La iniciativa generó polémica.

Si la iniciativa prospera, los afiliados a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) podrán volver a acogerse a la jubilación que da el Estado.

Además, con el apoyo explícito de la dirigencia sindical y del peronismo, se permitirá que los aportantes puedan elegir cada cinco años por uno u otro sistema y que el aporte de los inicialmente indecisos se dirija al régimen de reparto y no a una de las AFJP con menor comisión, como hasta ahora.

Al anunciar el envío de un proyecto de ley al Congreso -que será tratado en las sesiones extraordinarias previstas para el mes próximo-, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que el sistema previsional "tenía un problema de origen, que tenía que ver con los costos de administración".

El director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -una especie de BPS argentino-, Sergio Massa, destacó que el Gobierno "tiene un objetivo innegociable, que es darle la libertad a la gente para poder elegir su futuro"; además, Massa dijo a La Nación que con esta ley "la rentabilidad y la continuidad del sistema de capitalización quedan fuera de toda duda".

COMPROMISO. Por otro lado, Fernández destacó que con esta iniciativa se cumple con un eje de la plataforma electoral de 2003. "En materia de jubilación era el único tema que nos había quedado pendiente", dijo el funcionario con orgullo.

Al respecto, fuentes del sistema de capitalización expresaron que el timing para concretar la medida tal vez tenga relación con la intención del presidente Néstor Kirchner de dejar en claro su "identidad peronista", tras la polémica generada en torno de la reanimación de las causas judiciales relacionadas con la triple A.

Más allá de las razones políticas, fuentes que participaron de la redacción del decreto indicaron que el momento "era adecuado porque ambos subsistemas (reparto y capitalización) están bien: el público por la suba en la recaudación y tras el cierre de la moratoria; y el de capitalización, porque las AFJP tienen una buena rentabilidad después del canje de la deuda".

REACCIÓN. Por otro lado, las AFJP indicaron que la reforma "es razonable", pero advirtieron que su reglamentación no debe generar "desequilibrios" que perjudiquen a los 11.335.749 afiliados al sistema de capitalización. Al respecto, las fuentes oficiales indicaron que el presidente Kirchner, que se reunió con Massa y Fernández antes del anuncio, "escuchó a las centrales sindicales y a los banqueros que no son dueños de AFJP antes de tomar esta decisión". De hecho, Jorge Brito, dueño del Macro Bansud y de muy buen diálogo con el Gobierno, dijo que se trata de "una propuesta racional y centrada".

La Unión de AFJP, que anteayer sostuvo que el Gobierno deberá ser cuidadoso en la reglamentación de la ley para que no se desequilibren ambos subsistemas, ya se prepara para un eventual período de consulta con los funcionarios del Gobierno y dejará para más adelante la estrategia comercial que deberá adoptar el sector para retener a sus afiliados cuando se abra el período de 180 días para los traspasos.

La iniciativa se dio a conocer un día después del anuncio del decreto que dispone dejar vigente por un año más en el 7% el aporte a las AFJP, frente al reclamo del sector de subirlos nuevamente al 11%.

Massa explicó que "sólo tres de cada 10 trabajadores eligen voluntariamente su sistema, por lo que los siete restantes son sorteados" y aclaró que "entre los trabajadores que eligen, "la mitad lo hace por el sistema de reparto". Por esta razón, con la reforma se busca que una buena parte de los indecisos opten por el sistema de reparto, que tiene unos dos millones de afiliados.

Mientras tanto, en voz muy baja para no generar protestas en el gobierno, desde el sistema financiero se admitió el temor, porque la pobre conducta fiscal del Estado en términos históricos, más allá de los resultados que se ven desde 2003, genera miedo sobre la discrecionalidad de los fondos que pase a recaudar el gobierno, en lugar de las AFJP, y por el futuro de las jubilaciones públicas.

En este sentido, los economistas Aldo Abramy y Camilo Tiscornia indicaron que el problema del sistema de reparto "es que todos reciben, pero son pocos los que aportan".

En Chile la presidenta Michelle Bachelet, también impulsa cambios al sistema. El principal es la entrega, a todos aquellos sectores de menores recursos que no poseen ningún tipo de previsión, de una pensión mínima solidaria, que cuando se inicie el próximo año debería ser del equivalente actual a unos US$ 140. Según el gobierno, llegará a beneficiar a alrededor de un millón de personas. El 60% de las personas de menores recursos gozarán del sistema.