Ejercicio de los derechos

MARIA JULIA POU

Los acontecimientos que se viven hace dos años en Argentina han merecido todo tipo de análisis, a partir de sus aspectos legales políticos y económicos. Dejamos a los expertos en las mencionadas disciplinas la palabra, para tratar de encontrar explicaciones y eventuales caminos de salida a tan enredado asunto. Lo nuestro es un análisis desde la perspectiva del ciudadano común, del habitante de uno u otro país que no necesita internarse en los vericuetos de las leyes para apreciar que algo anda mal, y que en mucho le están fallando los gobernantes.

Damos por sentado que las leyes, especialmente las constituciones, nos reconocen derechos que nos son propios en nuestra condición de seres humanos. No nos conceden ni nos otorgan, nos reconocen algo preexistente. En las naciones civilizadas, en las que se vive en sociedad dentro de la estructura de derechos y obligaciones que son connaturales a esas estructuras complejas, damos por sentado que esos derechos existen, que están vigentes, que forman una suerte de red de seguridad que sostiene el todo y lo hace a la vez fuerte y flexible.

Seguramente que no podemos enumerar los correspondientes artículos legales pero todos sabemos que podemos opinar libremente, que podemos votar, que podemos comprar los diarios o libros que se nos ocurra, que podemos un día ir de viaje, que podemos protestar y que podemos transitar por las rutas y puentes.

El lector ha adivinado ya adonde queremos llegar. En el centro de la controversia con los vecinos esta el tema del ejercicio contemporáneo de diversos derechos.

Asiste razón a quienes quieren poner de manifiesto que se oponen a la construcción de las plantes de celulosa. Consideran estas personas que las tales plantas contaminarán el ambiente y quieren hacer saber de su oposición a estos emprendimientos. Dejemos de lado a quienes, dentro de esas agrupaciones persiguen fines electorales y de intento de subvertir el orden.

Los ciudadanos argentinos que protestan pueden hacerlo porque así se los garantiza la legislación de su país, porque tienen derecho a hacerlo por ser seres humanos dotados de esas inalienables garantías.

Asiste razón y les ampara el derecho a quienes quieren viajar a nuestro país, pasando por rutas y puentes que para ello están. A los viajeros se les reconoce ese derecho no solo por la Constitución de su país sino también por los tratados internacionales, entre ellos el de Asunción que garantiza el libre tránsito de personas entre los países signatarios.

Lo que no puede hacerse es tener una visión hemipléjica del derecho. Permitir el ejercicio de uno por vez, el consentir que por hacer algo legal se impida a otro una actividad distinta tan legítima como aquella. En los países civilizados se protege el derecho en su totalidad, se garantiza a todos su ejercicio. Unos levantan pancartas, hacen ruido y tratan de influenciar en un sentido.... sin impedir que otro ciudadano transite por las rutas y puentes. Unos en un lugar y otros en otro.

No vale más el derecho de uno que el de otro, no es necesario privar de libertad a un transeúnte para que un activista haga saber su opinión.

La función de los gobiernos es justamente la tutela de ese ejercicio simultáneo y concomitante de los derechos. No hacerlo es faltar a los deberes propios de quien ejerce el poder, que lo debe de hacer en un contexto de legalidad y de visión total de la sociedad. Es tan simple como eso...