ARTIGAS | JAVIER BERTALOT
Se realizó la primera audiencia en el juzgado de Bella Unión en la que los representantes del Instituto Nacional de Colonización (INC) y el colono Luis Frustro, ratificaron la denuncia que por usurpación de predio presentaron en esa sede, luego de que cuatro lecheros ocuparon un predio de la Colonia Eduardo Acevedo el domingo 14 de enero.
La jueza Alejandra Casullo recibió testimonios de los denunciantes en la tarde de ayer, sin que trascendieran las próximas medidas. Los cuatro ocupantes, acompañados por el abogado Liborio Lagos, se hicieron presentes en la sede en forma voluntaria, para presentar un escrito. El abogado conversó con la magistrada por algunos minutos y se retiró sin presentar el escrito "por una razón estratégica", explicó.
Lagos dijo a El País que es improcedente una denuncia penal, porque técnicamente no existe una ocupación, "lo que hay es la continuidad de la situación anterior donde los lecheros tenían un contrato de pastoreo firmado con el colono y respaldado por el INC y continúan con los mismos animales en el mismo campo".
"Lo que sucede es que vencido el mismo no se ha vuelto a firmar, a pesar de que los integrantes del grupo Mandiyú quieren hacerlo", agregó. Además dijo que no pueden salir a la calle con sus 300 vacas debido a que existen disposiciones que prohíben que haya animales en los caminos o rutas.
Delito difícil de probar
El Código Penal establece en su artículo 354 que el delito de usurpación sea penado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, para quien "mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad y con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupa parcial o totalmente un inmueble ajeno". En una ocupación pacífica es muy difícil probar esos extremos. Por ese motivo, la vía judicial utilizada es la civil a través del trámite de desalojo, que puede llevar por lo menos seis.