Piden duras penas para inmobiliarias informales

MALDONADO MARCELO GALLARDO

La actividad inmobiliaria de todo el país impulsa un nuevo marco regulatorio que incluye medidas contra el sector que actúa al margen de la legalidad, por ejemplo la aplicación de duras sanciones como la prisión para los operadores falsos.

Estas medidas fueron incluidas en un proyecto de ley que elaboraron las propias gremiales inmobiliarias y que hoy será entregado en Punta del Este al ministro de Turismo, Héctor Lescano, durante una reunión que se realizará en un hotel del balneario.

En el caso de la informalidad, el artículo 21º del referido proyecto de ley establece que "toda persona física y/o representantes de personas jurídicas que no sean operadores inmobiliarios realicen o ejerzan actividad inmobiliaria serán castigados con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría sin perjuicio de la aplicación de una multa de 75 mil unidades indexadas".

La sanción será aplicada por el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios que el mismo proyecto de ley prevé establecer a partir de la promulgación de la misma, siempre y cuando el poder político comparta la iniciativa del sector, según establece el proyecto al que tuvo acceso El País.

PROHIBICIONES. La propuesta fue acordada y elaborada por la Asociación Americana de Rematadores, Corredores Inmobiliarios y Balanceadores (AARCIB), la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (ADAPI), la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (ADIPE), la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (ANRCI), la Cámara Inmobiliaria de Maldonado (CIDEM), la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal (CA-PH).

La iniciativa también establece una serie de prohibiciones a los operadores inmobiliarios como aceptar encargos, si les consta que el comitente otorgó con anterioridad a la concreción del mismo negocio a otro Operador Inmobiliario sin antes solicitar por escrito la revocación del vigente, retener indebidamente documentación o valores que pertenezcan a sus comitentes, procurar clientes por medios incompatibles con el decoro, la dignidad y la probidad de la profesión, representar a ambas partes intervinientes en un negocio, si éstas no han sido debidamente notificadas de su doble función, contratar para sí, su cónyuge o sus asociados directa o indirectamente y con ascendientes o descendientes hasta el primer grado, en los negocios encargados por su comitente, salvo que éste preste su consentimiento por escrito y la de permitir expresa o tácitamente que su nombre y matrícula sea utilizado por tercero.

Asimismo, el proyecto de ley establece que hasta tanto no se cree el título universitario de operador inmobiliario podrán inscribirse en el mismo los poseedores de los títulos universitarios de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Arquitec- to, Contador, Economista, Escribano, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrimensor, Licenciado en Administración, Rematador Público, o el título de Operador Inmobiliario (de la ex UTU).