Cada uno por su lado

Hay señales que bajan desde el gobierno que resultan altamente preocupantes. Apuntan a una fuerte falta de sintonía, que a su vez transmite dudas serias acerca de la certeza del rumbo y la unidad de propósitos que deben imperar entre los que tienen la absoluta responsabilidad del mando. Cuando se carece de ello, la percepción que queda es que se camina en base a improvisación, sin diálogo entre jerarcas y donde cada uno hace lo que le parece, sin una mínima coordinación previa.

Días atrás se desató un nuevo conflicto entre Ministerio de Salud Pública y médicos de esa repartición, donde intervinieron -como era lógico- el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI). El reclamo de los profesionales fue contestado, contraoferta mediante, por la ministra de Salud Pública, que es médica también. La confrontación comenzó a subir de decibeles: amenazas de desafiliar a la ministra del Sindicato y de decretar una huelga por 48 horas fueron las últimas cartas que jugaron los profesionales, mientras la ministra -y los principales jerarcas de esa Secretaría de Estado- se mantenían firmes en lo planteado. Sorpresivamente el viernes pasado, el Presidente de la República, que se hallaba descansando en Santa Teresa hizo unos contactos telefónicos y se vino a Montevideo. Se reunió con los delegados del SMU y FEMI y con las autoridades del MSP y en 20 minutos solucionó el conflicto. ¿Cómo? Muy fácil: concedió a los médicos lo que reclamaban. El Presidente no defendió a su Ministra, más bien la dejó colgada del pincel.

La lectura de ese episodio no es la habilidad del Presidente para negociar, ni la "eficacia" que tiene para solucionar conflictos, ni la inteligencia de la que hace gala para intervenir con la solución adecuada en el momento justo. Si se concede a una parte todo lo que pide es absurdo que esa parte siga protestando. Y eso fue lo que hizo el Presidente, desautorizando expresamente a su Ministra. Como si la posición que sustentara durante el diferendo fuera solo de ella, no hubiera sido discutida y acordada previamente y, por lo tanto, no involucrara a todo el gobierno: Presidente -por supuesto- incluido y Ministro de Economía -que es quien autoriza el gasto- también.

El otro tema es aún más delicado y tiene por escenario a Maldonado. Oscar de los Santos, que asume el cargo a mediados del 2005, procede -invocando razones de urgencia- a la adjudicación directa de la publicidad en los espacios públicos a una empresa, sin llamado a licitación. Otorga un monopolio privado en la materia por tres años. La publicidad en la vía pública ha pasado, en los últimos tiempos, a ser una de las preferidas y más requeridas por las agencias: las principales marcas a nivel mundial gustan de ver sus nombres en grandes marquesinas; es un rubro que mueve muchísimo dinero.

La firma de este convenio, sin llamado a licitación pese a la importancia de los montos en juego, motivó la inmediata reacción de la oposición departamental (Partido Nacional), a los que se sumaron rápidamente ediles del Frente Amplio que responden al diputado Darío Pérez. Y las críticas se acentuaron cuando el Tribunal de Cuentas (por unanimidad y con los votos de los dos representantes frentistas) observaron la adjudicación por falta de licitación previa. La Junta Departamental, por mayoría absoluta, decidió dejar sin efecto el contrato. El Intendente lo reiteró y vetó la decisión de la Junta. El Tribunal de Cuentas mantuvo sus observaciones. La polémica ganó la tapa de los diarios y las principales informaciones de radios y televisión.

Los diversos grupos políticos que integran el Frente comenzaron a jugar su partido. El vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa y el ministro de Obras Públicas, Víctor Rossi -que encabezan el sector al que pertenece De los Santos- dieron su apoyo al Intendente y a la adjudicación sin licitación. Lo mismo hizo el sector de Asamblea Uruguay del ministro Astori. Los otros grupos intentaron un acercamiento entre De los Santos y Darío Pérez. Se creó una comisión al más alto nivel con los ministros Brovetto, Mujica y algunos legisladores. Pero Darío Pérez y su grupo departamental (Cabildo 1813) se mantuvieron firmes en su posición, pese a enfrentar al aparato más "pesado" del gobierno: el contrato de adjudicación directa debe caer; la licitación previa es imprescindible.

¿Cuál es la lectura que puede hacer el ciudadano de este episodio?