La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) considera que 2006 "no ha sido un buen año para la libertad de expresión", y entiende además que "no se registraron mejoras en las garantías institucionales que permitan su desarrollo".
En el informe "Relatorio 2006", presentado ayer, la APU denuncia la falta de acceso a la información y advierte sobre las críticas realizadas por altos funcionarios de gobierno hacia un sector de la prensa. En ese sentido, recuerdan que el propio presidente, Tabaré Vázquez, señaló a nueve medios de comunicación como "actores políticos".
En el informe se destaca un fallo de la Suprema Corte de Justicia que "restringe las posibilidades de investigación y de crítica sobre los funcionarios públicos".
El sindicato de la prensa reclama al Poder Legislativo que derogue los delitos de desacato, atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero, difamación e injurias.
Al Poder Ejecutivo pide la aplicación de políticas para promover la "democratización del uso de las frecuencias" de radio y televisión, y que disponga de mecanismos transparentes para el otorgamiento de publicidad oficial.
Para el presidente de APU, Manuel Méndez, el gobierno no tiene voluntad política para promover estos cambios.
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