Votan nuevas obligaciones a las empresas que contraten servicios

El Senado, con los votos del Frente Amplio, sancionó anoche el proyecto de ley que hace responsables solidarias a las empresas que contraten servicios a otras compañías.

A partir de ahora, la empresa que contrate estos servicios quedará como responsable ante el Estado, el trabajador y la ley en caso de incumplimiento de las obligaciones devenidas de la relación laboral entre el trabajador y su empleadora original. El proyecto fue aprobado por el oficialismo, mientras que el Partido Nacional esgrimió un cerrado rechazo a los alcances del proyecto, pero no a sus objetivos.

El miembro informante del Frente Amplio, el senador Víctor Vaillant (Espacio 609), dijo que si bien este recurso es utilizado para ahorrar costos e incorporar mano de obra especializada, en algunos casos "se ha constituido como una forma aberrante de explotación a los trabajadores".

Vaillant denunció que, en ocasiones, el recurso es empleado por "las compañías madre" para armar una tercera empresa, con un testaferro a su frente, a través de la cual contrata personal e incumple con las obligaciones legales.

Con este proyecto, manifestó, se está haciendo responsable a esas firmas por cualquier falta ante los organismos fiscalizadores, por los aportes patronales y el incumplimiento de obligaciones salariales con los trabajadores.

Desde tiendas del Partido Nacional se pidió que el proyecto de ley no sea tratado. El senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) dejó constancia en nombre de su colectividad que debería discutirse el articulado en la comisión de Asuntos Laborales junto a especialistas en la materia. En ese sentido, presentó una moción que no prosperó.

Gallinal señaló que el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado deberían armar una base de datos con el registro de las empresas proveedoras de personal y con las compañías que iniciaron procesos de descentralización. De esa manera, aseguró, el Estado podrá fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales de las partes.

El senador blanco criticó el proyecto porque "golpea al mercado laboral y a la competitividad de la empresa nacional". Sostuvo que "no colabora en generar inversiones, fuentes de trabajo y reactivar la economía uruguaya".

Gallinal agregó que "la mayoría de los empresarios utiliza bien este instrumento" (contratación de empresas prestadoras de servicios) y que "se van a ver perjudicados porque le hacen asumir obligaciones de las empresas proveedoras". Si bien estimó como "positivos" a los Consejos de Salarios y a los mecanismos de negociación colectiva, alertó sobre "perjuicios" en la plaza laboral y un efecto retractor en la generación de empleo a raíz de esta ley.

El senador frenteamplista Eduardo Ríos (Alianza Progresista) intervino para aclarar que el objetivo del proyecto es "mejorar" el mecanismo de tercerización y que las empresas que recurren a este mecanismo y "cumplen no tendrán problemas". En tanto, Rafael Michelini (Nuevo Espacio) sostuvo que la responsabilidad generada "agilizará el mercado" después de "un período de aprendizaje".

Carlos Moreira (Alianza Nacional) deslegitimó la iniciativa porque implica "colocar en una misma situación" a los empresarios y a los proveedores de mano de obra y porque "hay circunstancias" que la firma contratante "puede no conocer" sobre el proveedor. Auguró por una futura reglamentación del Poder Ejecutivo que "acote" los alcances del articulado, al que catalogó de "oscuro".

En tanto, su compañero de bancada Sergio Abreu cuestionó que no se haya coordinado un trabajo con la Cancillería para conocer la legislación que se aplica en este campo en los países miembros del Mercosur.

La nueva ley establece que los empresarios que utilizan subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra serán responsables "solidarios" de las obligaciones laborales de estos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y de las sanciones adeudadas al Banco de Seguros.

Los organismos estatales también están incluidos en este régimen.

En la interna del Pit-Cnt existen posiciones contrapuestas acerca de la utilidad de la nueva ley que regula las tercerizaciones, sancionada ayer en el Senado con los votos del oficialismo.

Así, la dirigencia del sindicato de trabajadores de los frigoríficos -un sector con alta cantidad de tercerizaciones- es pesimista acerca de los cambios que la norma puede deparar. El coordinador de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), Luis Centurión, dijo a El País que la ley "no modificará el panorama" y no contempla las aspiraciones sindicales.

"La ley formaliza algo que ya se daba a nivel judicial: la responsabilidad de la empresa contratante sobre los trabajadores tercerizados", afirmó Centurión. La Foica considera que el verdadero cambio sería la eliminación total de las tercerizaciones. "Tomamos la ley como un paso hacia un proceso que debe ser el definitivo: que todos los trabajadores tercerizados pertenezcan a las empresas que contratan", advirtió.

En cambio, el sindicato metalúrgico tiene una posición favorable. Marcelo Abdala, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines e integrante del secretariado del Pit-Cnt, afirmó que la ley implica un "avance" y elimina "el negocio de la desregulación". Sostuvo que ahora se "equiparan las condiciones de ingreso de los contratados directos y los indirectos". Pero admitió que la efectividad de la ley dependerá de la "fuerza" y la presión de los sindicatos para que realmente se aplique.