El gobierno considera que la ley que prohibe que las sociedades anónimas (SA) que poseen campos tengan acciones al portador no revertirá el crecimiento del flujo de operaciones de compraventa de tierras.
El Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley que establece la obligatoriedad de que las sociedades anónimas y sociedades en comandita que sean titulares de inmuebles rurales puedan manejar sólo acciones nominativas y no al portador como lo venían haciendo.
El objetivo general de esta medida -que desató una gran polémica en el sector agropecuario- es utilizar la tierra como un recurso con fines productivos y no especulativos.
Al conocerse el proyecto de ley algunas gremiales de productores y los propios operadores de tierra pusieron el grito en el cielo y aseguraron que frenará las inversiones en el sector agropecuario.
Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca consideran que el proyecto no detendrá el crecimiento del flujo de operaciones de compraventa de campos.
El ministro interino, Ernesto Agazzi, resaltó que las compraventas de tierras en diciembre se incrementaron.
El funcionario dijo a El País que en la reglamentación de la ley se dejará lugar a situaciones en que los inversores puedan tener acciones al portador y no nominativas.
Señaló el caso de empresas grandes que "tienen 10.000 accionistas" y a las que no se les puede pedir el nombre de cada uno. Para conceder esas excepciones se tomará en cuenta que la empresa "agregue valor" y no tenga carácter especulativo.
Dentro del ámbito de las gremiales, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) fue la única gremial que se opuso a que las Sociedades Anónimas con acciones al portador pudieran comprar tierras. "Con el paso del tiempo quedó claro que eso aumentó el proceso de concentración y extranjerización de la tierra", sostuvo Fernando López, presidente de la gremial, que ahora aplaude la nueva ley promulgada por el Ejecutivo.
Para López, conocer los nombres de los propietarios de la tierra posibilitará "frenar la concentración en manos de extranjeros y permitirá un mayor acceso a los pequeños y medianos productores".
Para la institución la ley promulgada "es un avance", pero no frena "el proceso de extranjerización de la tierra que está sufriendo el país".