JORGE ABBONDANZA
Ya pasaron siete décadas, pero la memoria sigue despierta. Se trata de dos casos separados por enormes distancias geográficas, aunque unidos por la fecha en que ocurrieron y por la truculencia que los caracterizó. En China se ha conmemorado la masacre de población civil cometida por los japoneses en diciembre de 1937 en la ciudad de Nankín, que era entonces la capital del país. Se dice que allí fueron liquidadas 300.000 personas en cuatro semanas bajo la ocupación militar que permitía a Japón controlar buena parte de China, una situación que persistió hasta 1945. Ahora la ceremonia en el Memorial de la Masacre convocó a 3.000 asistentes, incluídos algunos ancianos que habían sobrevivido a la carnicería. En Nankín denuncian que Japón no se ha disculpado públicamente por el episodio, que ciertamente no fue el único de su clase aunque sí el más espantoso del período.
Los chinos también se quejan de que los gobernantes japoneses de la actualidad visitan el santuario de Yasukuni en Tokio, donde se rinde culto a los héroes militares del país y entre ellos a oficiales acusados de crímenes contra la humanidad durante el conflicto de los años 30 y 40. Se quejan asimismo de que los libros de texto utilizados hoy en escuelas de Japón ignoran o suavizan los espantos de esa etapa histórica, destacando en cambio la epopeya imperialista que permitió al país expandir su dominio sobre media Asia, desde Manchuria hasta Birmania. Por el momento, simbólicamente, vuelve a alzarse la voz de los ejecutados de Nankín.
En España ha regresado el fantasma de miles de muertos de la misma época, porque el Parlamento debate un proyecto de ley destinado a indemnizar a las víctimas de la guerra civil (1936-1939) y del régimen de Franco (1939-1975). En ese texto se fija el plazo de un año para que los sucesores de aquellos desaparecidos soliciten reparaciones económicas ante la Comisión de la Memoria, que dispondrá de un fondo de veinte millones de euros al efecto. Se pide además suprimir los emblemas y referencias del franquismo en edificios públicos, calles y plazas. El gobierno socialista declaró a 2006 como Año de la Memoria Histórica, al cumplirse 70 años del golpe militar de 1936.
Algunos grupos sin embargo consideran insuficiente ese proyecto legislativo, por lo cual han elevado a la Audiencia Nacional una denuncia pidiendo la investigación judicial de 30.000 desapariciones ocurridas durante la guerra civil y la dictadura. Esas víctimas, ejecutadas en juicios sumarios que se prolongaron hasta abril de 1948, están enterradas en fosas comunes de las que hasta hoy sólo han sido recuperados 900 cuerpos. El carácter de la transición democrática española durante estas últimas décadas, que ha sido un proceso empeñado en el curso gradual de sus conquistas y atento a la preservación de acuerdos dentro de un país muy dividido, explica estas postergaciones en el rescate de una memoria acompañada no sólo por el fúnebre operativo de la exhumación, sino también por el demorado reconocimiento de la dignidad de los muertos.