MALDONADO | M. GALLARDO

La Dirección General Impositiva denunció por el delito de defraudación tributaria a una decena de establecimientos gastronómicos de Punta del Este que empleaban doble juego de facturas para evadir impuestos, y a tres imprentas que las elaboraban, según trascendió en esferas judiciales.

En uno de los casos la DGI reclama dos millones de dólares al propietario de uno de los restaurantes involucrados solo por dinero no aportado, aparte, exigirá otra fuerte suma por multas y recargos.

Los abogados de la repartición estatal concurrieron a primera hora de la mañana de ayer a Maldonado con el objetivo de radicar diez denuncias penales contra los propietarios de los restaurantes involucrados en la gigantesca estafa.

Culmina así la primera fase del operativo realizado por la DGI un año atrás y que dejó al descubierto un mecanismo de defraudación tributaria que involucra a establecimientos gastronómicos puntaesteños de "primer y primerísimo" nivel, dijeron fuentes del organismo.

Fuentes del caso indicaron a El País que las denuncias se relacionan con defraudaciones que generaron reliquidaciones de los importes tributados y la aplicación de fuertes multas y otras sanciones por importes que, en muchos casos, superan el millón de dólares.

"La multa es proporcional a la suma defraudada", explicó una fuente de la investigación quien sostuvo, además, que no se trata de una simple evasión por no extender la factura correspondiente, sino una acción delictiva realizada con facturas truchas que se prolongó en el tiempo.

De forma paralela los abogados de la DGI se presentaron en los juzgados letrados en materia civil de Maldonado para solicitar las clausuras de los mismos establecimientos, tal como lo establece el Código Tributario cuando se comprueban irregularidades como las detectadas en esta ocasión.

En tanto, abogados que defienden a los empresarios involucrados adelantaron que preparan la batería de elementos que emplearán para defender a sus clientes. Entre los asesores se encuentran reconocidos penalistas y un constitucionalista de destacada trayectoria.

La maniobra consistía en contratar los servicios de una de las tres imprentas para conseguir doble juego de facturas.

En uno de los casos la maniobra fue de tal magnitud que algunos empresarios adquirían los servicios de una imprenta de Rocha para confeccionar las facturas que, en comparación, eran más baratas que las impresas en Maldonado mismo.

Si bien hasta el momento no existen pruebas de que los involucrados accionaran de forma conjunta por ahora los investigadores de la DGI no descartan nada por lo que las actuaciones prosiguen.

AVÍCOLAS. A todo esto el Ejecutivo emitió un decreto que cambia la forma de pago de impuestos en el sector avícola, tras constatarse "graves irregularidades en el cumplimento de las obligaciones tributarias que generan condiciones de competencia desleal" en el sector. Ahora las plantas de faena deberán actuar como agentes de percepción del IVA y el IRIC que se generen en toda la cadena de comercialización. Este sistema es similar al que existe en el sector de faena vacuna.