LEONARDO GUZMÁN

Cuando vemos con qué ligereza se vota un Parlamento del Mercosur, la interjección surge espontánea: ¡¿justo ahora, cuando el Mercosur tiene sus falencias a la vista y no impide siquiera que nos corten las rutas o nos bloqueen el arroz y los lácteos?!

Eso basta para descalificar la institución en ciernes.

Pero si bien miramos, el engendro merece una objeción que, por violar principios, no se agota en "¡¿justo ahora?!"

En la democracia, el Parlamento, cualquiera sea su prestigio ocasional, es un órgano deliberativo y decisorio; es expresión de la soberanía, vehículo de contralor público y gestor preponderante de las leyes.

Ergo, establecer un Parlamento supranacional implica dejarnos rebanar soberanía a manos del vecindario y crear una fuente de normas que sólo pueden adquirir fuerza vinculante si ponemos de rodillas a la Constitución; es decir, si olvidamos principios.

Porque es un principio que la República Oriental del Uruguay "es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero". Es un principio que "La soberanía en toda su plenitud radica esencialmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de mantener sus leyes" (arts. 2 y 4 de la Constitución). Es un principio que las normas sólo son de Derecho si son imperativas y coercibles, es decir, ejecutables por la fuerza cuando no se obedecen por la razón. Y todo eso lo pasa por alto el convivio mercosureño.

Bien sabemos que no es ésta la única transgresión de principios que viene hollando nuestras playas. Pululan -como esa de, para cobrarles impuesto, llamarles "renta" a las jubilaciones cuya garantía constitucional aprobó la ciudadanía.

Pero esta violación de principios proyectada como Parlamento del Mercosur puede disputar el campeonato y por ello fuimos sensibles a ella desde la primera hora, consignándolo en esta columna con la esperanza de que la iniciativa tuviese una muerte vaya si natural.

Pero también sabemos que todas estas violaciones no resultan de la casualidad, la búsqueda de consensos o la imposición de intereses macro o micro. Son el amargo fruto de largos años en que en el Uruguay se abandonó el sentimiento de imperatividad en la persona y en la norma, se reemplazó el lenguaje convocador de la prédica pública por relevamientos asépticos y sin compromiso y se enseñó a describir al Derecho como un "marco regulador" sin base, sin permanencia y sin vibración por la Justicia, colateralmente nacido de las "realidades sociales" y no de las respuestas creativas que las conciencias, por esfuerzos progresivos de lucidez, van dándole a esas realidades para moldearlas con principios precisamente.

Vaz Ferreira decía que los principios son experiencia a cuenta. Verdad. Y como el Derecho es una construcción de ideas vitales, además de condensar experiencia, los principios son para el razonamiento -del jurista y del común- pilares que sustentan la ciudad jurídica y avenidas que conectan sus callejuelas. Es que sin principios, el Derecho se convierte en un abúlico galimatías, las garantías se desploman y la persona se reduce a mota de polvo de un sistema precocinado pero imprevisible.

Contra eso tenemos que luchar, a la vez, en la calle y en los tribunales.

La sede primera y última de la libertad, la democracia y la vida civil es la conciencia.

En ella debemos recuperar la capacidad de ir de lo particular a lo general por la luz de los principios y no por las tinieblas del quién sabe.