Condena leve para la tragedia de Ycuá Bolaños

Asunción - Un tribunal declaró hoy culpables de la tipificación más leve del delito a los dueños y a un guardia de un supermercado de Asunción arrasado por un incendio el 1 de agosto de 2004, con el resultado de 364 muertos y cientos de heridos.

Con el voto en disidencia de uno de sus miembros, el tribunal consideró culpables a Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco del delito de "homicidio culposo", castigado con una pena de hasta cinco años de cárcel.

La decisión provocó la airada reacción de las víctimas y familiares presentes, quienes arrojaron muebles, extintores y todo tipo de objetos contra los policías que resguardaban el polideportivo de una unidad militar de Asunción donde se celebró el juicio.

La Fiscalía había solicitado una condena por "homicidio doloso", con penas de hasta 25 años, la máxima de la legislación paraguaya, al argumentar que las puertas del local fueran cerradas cuando comenzó el fuego para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.

Antes de terminar su exposición, el juez Miguel Aguirre, quien junto al voto de Elio Ovelar determinó la condena más leve, decenas de víctimas y familiares rompieron el cordón de seguridad y obligaron a los miembros del tribunal a refugiarse en un sector del local.

Otros cuatro socios comerciales del supermercado Ycuá Bolaños también están procesados por el delito de "exposición de personas a lugar de trabajo peligroso", pero los incidentes impidieron que el tribunal anunciara el fallo sobre estos acusados.

A los gritos de "asesinos, asesinos", las víctimas de la peor tragedia civil de la historia de este país amenazaron con "hacer justicia por manos propias" y acusaron a los miembros del tribunal de haber sido sobornados por los acusados.

"Nos advirtieron siempre de que íbamos a perder por dos a uno", afirmó el médico Roberto Almirón, de una de las organizaciones de víctimas y familiares, quien perdió a un hijo adolescente en el incendio.

Los acusados fueron retirados del lugar en medio de una fuerte custodia policial, mientras que la presidenta del tribunal, María Doddy Báez, anunció que la audiencia proseguirá, probablemente, a puerta cerrada en los próximos días.

Por otro parte, grupos de víctimas y familiares prosiguen sus protestas en los alrededores del polideportivo del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, donde se celebraron las audiencias del juicio durante poco más de cuatro meses y que sufrió amplios daños en sus instalaciones.

EFE