El Tribunal de Apelaciones de Familia, que ordenó al Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU) buscar una solución al problema de la internación de niños y adolescentes consumidores de pasta base, volvió a intimar al organismo a tomar en 24 horas una resolución que dé cumplimiento al fallo.

La nueva resolución del tribunal obedece a un recurso de ampliación y aclaración que el INAU presentó, pidiendo que se aclararan términos de la sentencia.

Los ministros insistieron en que el INAU "deberá adoptar medidas concretas que a la brevedad, en un plazo razonable -máximo de 90 días- mejore la actual situación de protección de los derechos humanos e intereses difusos a que se refieren estos autos, de conformidad con las normas constitucionales y convenios internacionales vigentes".

El lunes el INAU deberá responder y enviar al tribunal de justicia la resolución en la que se comprometa por escrito a disponer de los centros de asistencia para la internación de menores adictos. El fallo de la sala tiene fecha 29 de noviembre, y ayer se les notificaría de la decisión judicial, lo que implica que el lunes se cumplen las 24 horas.

En la resolución a la que accedió El País, la sala reiteró la necesidad de que se informe de las medidas concretas que se tomarán.

Si bien el organismo anunció que en 2007 dispondrán de 50 camas para la internación de menores de 15 años adictos a las drogas en el Hospital Español y en un hogar en San José, y que ampliará la capacidad del Portal Amarillo de tres a 20 camas para los de 15 a 17 años, ante el tribunal no informó esa situación sino que presentó los recursos.

El fallo de los ministros Ana María Maggi, Jaime Monserrat y Carlos Baccelli obliga a presentar un plan concreto con fechas en las que comenzarán a funcionar los centros.

El fiscal civil Enrique Viana, en representación de los "intereses difusos" de los menores, presentó un recurso de amparo ante la Justicia de familia. Planteó que existe una "manifiesta ilegitimidad" en el INAU que está omiso en cumplimiento de un deber público como es la asistencia e internación a niños y adolescentes con adicciones.