ELENA RISSO

Falta de vivienda, maltrato en una oficina, dificultad para obtener un medicamento en un hospital o hacinamiento carcelario. Son situaciones que se repiten a diario y que quienes las padecen podrán tener un lugar específico para denunciarlas.

En los próximos días ingresará al Parlamento un proyecto de ley que crea un Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que permitirá a los usuarios de oficinas públicas y de empresas privadas que prestan servicios al Estado presentar denuncias si consideran que sus derechos humanos fueron vulnerados.

La iniciativa se enmarca en un compromiso que Uruguay asumió el año pasado ante Naciones Unidas ya que junto a Brasil y Chile es el único país de la región que carece de un organismo de ese tipo.

El proyecto de ley que crea el Inddhh será presentado el 14 de diciembre en un acto público en el Poder Legislativo. Fue elaborada por un grupo de trabajo integrado por los subsecretarios de Interior, Educación y Relaciones Exteriores, legisladores de todos los partidos y representantes de organizaciones sociales. El abogado Oscar López Goldaracena coordina el grupo, en su condición de "experto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

sanciones. López Goldaracena dijo a El País que la propuesta abarca a "todos los derechos humanos". "Se busca que el Estado acompase las normas internacionales de derechos humanos a los principios propios del país", dijo.

Para eso, se crea un organismo autónomo, que será independiente del gobierno, que podrá elevar recomendaciones a oficinas públicas, empresas privadas que presten servicios al Estado, establecer cambios al funcionamiento de las mismas y hasta disponer que se repare al usuario cuyos derechos fueron violados.

Eso determinará que el Inddhh promueva revisiones de leyes o sugerencias, que deberán tener una amplia difusión por parte del organismo. Si esa dependencia pública o empresa privada que presta servicios no cumple, no recibirá un castigo económico, pero sí una "sanción moral" de parte de la sociedad, porque estaría desconociendo los derechos humanos de acuerdo a lo que establece Naciones Unidas, dijo.

López Goldarecena manifestó que el Inddhh no podrá actuar si la persona recurre primero a la Justicia, pero indicó que la existencia de ese organismo permitirá lograr "correctivos inmediatos". Según el especialista, "brinda mecanismos más ágiles" que los que puedan derivar de un juicio al Estado y además el Inddhh podrá determinar que el usuario reciba una reparación económica o acercar a las partes.

actuación. El documento final del proyecto, al que accedió El País, redactado el 30 de noviembre, determina que el Inddhh tendrá "competencia" en todos los poderes y organismos públicos, entidades paraestatales, sociedad de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas "que presten servicios públicos o sociales". Tendrá como cometido la defensa y la promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional. Sus disposiciones "tendrán carácter de recomendaciones" y "no podrán anular actos administrativos o judiciales".

Cuando el Inddhh reciba una denuncia (que no puede ser anónima pero se mantendrá en reserva), iniciará una investigación que incluye indagaciones en la propia dependencia.

ejemplos. López Goldaracena explicó algunos casos que pueden ser considerados violaciones de los derechos humanos.

Por ejemplo, una persona que vive en la calle puede reclamar una vivienda y el Inddhh realizará un relevamiento y hará recomendaciones a la dependencia correspondiente para que contemple esa y otras situaciones similares.

En el caso de una elección, una persona puede reclamar ante el Inddhh que el circuito de votación tenga rampa para discapacitados.

También se podrá denunciar una violación de los derechos humanos una persona que haya sido discriminada en una oficina pública, donde, por ejemplo, será necesario cambiar la atención de acuerdo al derecho a la no discriminación.

El hacinamiento en las cárceles también puede ser objeto de denuncia. En ese caso, integrantes del Inddhh podrán trasladarse hasta el lugar de reclusión y fijar luego cometidos para que tomen en cuenta las autoridades correspondientes.

Casos de dictadura quedan fuera

Si bien en el proyecto se establece que "no existirá" plazo para presentar denuncias por violaciones de los derechos humanos que se consideren "genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra", el abogado Oscar López Goldaracena indicó que no abarcará casos vinculados a la pasada dictadura militar (1973-1985).

"No está pensado en absoluto como una respuesta a violaciones de los derechos humanos en el pasado", indicó López Goldaracena a El País. Además, el coordinador de grupo de trabajo explicó que el Inddhh no podrá actuar cuando las denuncias estén en la órbita judicial, algo que se da en casos vinculados a la dictadura.

Sueldos iguales a ministros

El instituto tendrá cinco miembros que serán elegidos con venia de dos tercios de la Asamblea General.

Serán propuestos por organizaciones sociales que estén reconocidas, que no tengan fines de lucro ni se vinculen a partidos políticos.

Se elegirán en la mitad del período legislativo y durarán cinco años en sus funciones. La remuneración que percibirán será la misma que la de los ministros.

Los miembros deben ser personas de "alta autoridad moral". No podrán percibir otro salario público o privado excepto la docencia y tampoco tener actividad política o gremial. Quedarán impedidos de acceder al organismo aquellos que hayan ocupado cargos políticos o de particular confianza, y en el futuro podrán hacerlo tres años después de dejar el cargo.

Funcionará en la órbita del Poder Legislativo y deberá elevar un informe anual a la Asamblea General que incluirá los casos que analizó y recomendaciones en la materia. Tendrá funcionamiento "autónomo" y no podrá "recibir órdenes de ninguna autoridad".

Al menos una vez al año deberá convocar a la "Asamblea Nacional de Derechos Humanos", que estará integrada por distintas organizaciones sociales, excepto los partidos políticos y aquellas que tengan fines de lucro.

El presupuesto lo aprobará la Cámara de Diputados. Podrá recibir "donaciones, herencias o legados", que debe comunicar al Parlamento.