Los servicios de salud públicos y privados deberán indagar a todas las pacientes mayores de 15 años para detectar si son víctimas de violencia doméstica. Las instituciones tendrán que remitir mensualmente al MSP los resultados del relevamiento.
"Hace diez años que esperaba esa pregunta, doctor". Esa es la respuesta que una paciente le dio a su médico, cuando éste ató cabos y le preguntó por primera vez si era víctima de violencia en su hogar. El caso es real y fue comentado a El País por la directora del Programa Nacional de Salud y Género, Cristina Grela.
Esta repartición cree que los equipos de salud tienen un rol clave en la detección y la contención de un fenómeno que mata a una uruguaya cada nueve días. En los países donde se aplicaron estrategias similares, un 30% de las encuestadas admitió ser víctima de maltrato. Por eso, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que marca toda una serie de obligaciones para las instituciones de salud.
En primer lugar, la norma marca que la violencia doméstica es un "serio problema de salud pública", y que por tanto los servicios deben asistir a las usuarias. Luego determina que los equipos de salud deberán aplicar un Formulario de Violencia Doméstica, que será incluido en la historia clínica.
Grela explica que el cuestionario se deberá hacer en el marco de una relación de "confianza" y "calidez" entre el médico y el paciente.
De hecho, el programa ha elaborado recientemente un manual de procedimientos para abordar el tema en el primer nivel de atención (policlínicas). Precisamente, la atención deberá ser brindada en base a estas pautas.
Las instituciones deberán notificar mensualmente al MSP los porcentajes de mujeres "supervisadas" sobre el número total de las consultantes de los servicios, y también el porcentaje de respuestas positivas sobre el total de las encuestadas.
Los profesionales no sólo deberán limitarse a realizar un cuestionario, sino que también tendrán que evaluar el "riesgo" de la situación. Grela resaltó que en las experiencias similares aplicadas en el mundo, se detectó que sólo el 2% de los casos conllevaban peligro de muerte para las mujeres.
El decreto apunta a que los servicios conformen equipos especializados. Empero, la directora enfatizó que la estrategia no necesariamente debe ser "derivar" a la paciente a una organización especializada, sino que en principio se apunta a contener y "orientar" a la mujer.
Grela explicó que la idea es que el profesional sea un "agente de derechos humanos", que cambie la autopercepción que la mujer tiene de sí misma y de su situación. La técnica remarcó que el cuestionario no deberá ser hecho en "cinco minutos" y "mirando el escritorio", y que habrá un seguimiento.
La norma también determina que cuando se detecten lesiones, se deberá dar cuenta a los jueces competentes.