Bordaberry en prisión: un desenlace anunciado

ALFONSO LESSA

La noticia sorprendió a todos el jueves por la noche: Juan María Bordaberry había sido procesado con prisión junto a Juan Carlos Blanco por los crímenes de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, ocurridos en Buenos Aires en 1976.

El hecho, histórico, abre una nueva etapa en la revisión del pasado y coloca sobre la mesa una serie de polémicos elementos. Para la familia Bordaberry se trata del resultado de indebidas presiones políticas sobre la Justicia. Para los promotores de los juicios y buena parte de los uruguayos se trata de un acto de justicia.

NO TANTO. La noticia sorprendió, pero, teniendo en cuenta algunos antecedentes, es posible considerar que la prisión de Bordaberry sólo era cuestión de tiempo. Desde que el propio Blanco fue llevado a la cárcel y procesado por el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976, aprovechando el hecho de que la ley de Caducidad dejó fuera a los civiles, lo de Bordaberry era esperable, por estos u otros delitos ocurridos durante su mandato, incluyendo el propio golpe de Estado, otra causa que tiene abierta y que incluye otros crímenes y desapariciones.

En cuanto a Blanco, al igual que ocurrió con su procesamiento por el caso Quinteros, son documentos de la propia Cancillería los que lo incriminan. En esta ocasión fueron papeles oficiales encontrados por el historiador Oscar Destouet los que dejaron a Blanco en una incómoda situación. Los mismos, marcan con claridad cómo Michelini fue dejado sin pasaporte, la existencia de seguimientos a opositores en el exterior y cómo se multiplicó la frecuencia en el intercambio de informes entre la Cancillería y la embajada en Buenos Aires, sobre Michelini y Gutiérrez Ruiz en la medida que se acercaba la fecha de sus secuestros. También, cabe recordar que apareció un documento con un inusual envío de armas de guerra y grueso calibre, vía valija diplomática hacia la embajada uruguaya.

En el caso de Bordaberry no han existido hasta el momento pruebas que lo incriminen directamente, aunque la suya es ante todo una responsabilidad política, ya que era el presidente de facto. El juez igualmente considera que existe un cúmulo de elementos que los incriminan y no le parece creíble que se hayan producido estos hechos en el exterior sin conocimiento del propio Bordaberry.

TEMA POLÍTICO. También vale recordar una vez más que en la misma noche de los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira escapó por muy poco; que el líder de la 99 había desarrollado diálogos reservados con el ministro de Economía, Alejandro Vegh Villegas, en procura de caminos de entendimiento; y que William Whitelaw y Rosario Barredo pertenecían a un sector que había roto con el MLN al rechazar una contraofensiva armada desde el exterior y optar por el camino político con los legisladores asesinados y Ferreira Aldunate. Un conjunto de hechos que refuerzan la idea de que los asesinatos fueron políticos y con participación uruguaya, más allá de los ejecutores. También es cierto que Bordaberry en el momento de los asesinatos estaba muy debilitado dentro del régimen, debido a la sorda discusión que mantenía con los generales respecto del futuro institucional del país y que terminó en junio, tres semanas después de las muertes, con su destitución.

Es cierto que los procesamientos de Bordaberry y Blanco se producen en el nuevo contexto político que determina la izquierda en el gobierno.

Pero también es cierto que la ley de Caducidad dejó fuera a los civiles y, según muchos interpretan, a los mandos militares, por lo que las miradas convergen ahora en el teniente general (r) Gregorio Álvarez, que incluso en su momento asumió personalmente la responsabilidad por los hechos cometidos por sus subordinados. Además, durante la administración Batlle ocurrieron al menos tres hechos que marcaron un giro: la aparición de la nieta de Juan Gelman, el procesamiento de Blanco por el caso de Elena Quinteros y la Comisión para la Paz.

Ahora, se espera un complejo y seguramente largo camino jurídico en el que, inexorablemente, se entremezclarán aspectos políticos.

ESCENARIO. La decisión del juez Roberto Timbal de enviar a la cárcel a Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco relegó a un segundo plano el conflicto con Argentina por las plantas de celulosa.

POLÉMICA. La familia Bordaberry denuncia que se registraron presiones a la Justicia durante un año y medio y se inicia un largo camino en el que se entremezclan aspectos jurídicos y políticos.

EL PRIMERO. En la historia del Uruguay, Bordaberry es el primer ex presidente que es encarcelado. Este tipo de casos, en cambio, se ha dado con ex mandatarios de la región, como Augusto Pinochet y Carlos Menem.