Gobierno dará hasta $ 25.500 a familias de 655 niños en calle

DEBORAH FRIEDMANN

Hay 655 niños en Montevideo y Canelones que pasan en promedio 33 horas por semana en la calle. Deambulan, trabajan, piden limosna. La amplia mayoría de sus padres son desocupados y casi la totalidad de sus familias tienen necesidades insatisfechas.

Para intentar disminuir a la mitad la presencia de esos menores en la calle, el gobierno decidió otorgar a sus familias un fondo que apunta a mejorar su situación a cambio de compromisos concretos, informaron a El País Víctor Giorgi, presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (Inau) y Julio Bango, director del Programa Infancia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El programa tiene también como objetivos que 80% de los menores tenga cobertura de salud, que 100% posean identificación y que 80% estén escolarizados, afirmó Bango.

El Fondo de Prestaciones a Familias, que estará operativo a partir de noviembre, implica otorgarles a los 307 hogares seleccionados hasta $ 25.500 (divididos en tres entregas bimensuales). Supone una erogación del Mides de U$S 250.000, dijo Bango.

Para poder acceder al programa, las familias deberán acordar con la ONG seleccionada por el Mides un plan de uso del dinero y también metas concretas en cuanto a la escolarización del niño, atención sanitaria, documentación y disminución de la situación de calle.

"Los programas sociales van a ser exitosos si las familias tienen capacidad de tener sustentos materiales para quebrar vínculos de exclusión. El Fondo tiene la finalidad de poner un estímulo, para lograr que el niño pueda volver a agentes de socialización clásicos", dijo Bango.

El Mides y el Inau, a través de cuatro ONGs, trabajan desde abril en un plan para atender a los niños en situación de calle. Allí identificaron a estos menores, que no estaban atendidos por programas públicos. Cada núcleo familiar tiene un educador asignado, que visita los hogares, realiza entrevistas sistemáticas y busca incluirlos en actividades y recursos que tengan en su zona.

Concretamente, trabajan en La Paloma, Tomkinson, Cerro, Belvedere, Tres Ombúes, La Te- ja, Colón, Conciliación, Piedras Blancas, Casavalle, Punta de Rieles, Maroñas, Villa Española, Malvín Norte, Carrasco Norte, San José de Carrasco, Colonia Nicolich, Ciudad de la Costa, Pando, Barros Blancos y la ruta 8.

Es a esas familias que se les planteó el programa. "El educador fue hasta allí porque hay una situación que vulnera los derechos del niño. Lo primero que se hizo es intentar que asuman que eso es un problema. A veces no es fácil, porque son generaciones de personas excluidas", explicó Lucía Pierre, coordinadora del plan Niños en Situación de Calle.

Para Giorgi la situación de estos menores responde a cuestiones económicas y psicosociales. "Van a buscar cosas que no encuentran en su familia ni en la escuela. Tienen dinero en el bolsillo, acceso a productos que sus pares no tienen. Esto va atándolo a la calle. El objetivo no puede limitarse a sacar al niño de allí, sino a reubicarlo en otro lado, como un proceso personal, donde encuentre sentido en otros espacios", sostuvo.

COMPROMISO. Después de que la familia asumiera la situación, el equipo trabajó con ellos sobre qué cuestiones se pueden solucionar y cuáles no. Les planteó la existencia del Fondo y la posibilidad de participar en el plan.

Luego se conversó con la familia el uso que se le puede dar al dinero para mejorar su situación. El Fondo está previsto para artículos personales y del hogar, servicios de salud, educación, capacitación, adecuación de vivienda, equipamiento del hogar e instrumentos o insumos para el desarrollo de trabajo. El dinero no podrá ser usado para pagar deudas, abonar servicios públicos y comprar terrenos.

El Fondo no está dispuesto para que llegue específicamente al niño sino para que impacte en su núcleo familiar, lo beneficie y así genere que el menor esté menos tiempo en la calle, indicó Pierre. A modo de ejemplo, citó el caso de una familia que había pensado en tener un reparto de garrafas en su barrio y que no contaba con el dinero para iniciar el negocio.

"Se está tratando de estimular las potencialidades para que los individuos puedan funcionar con determinada autonomía y con el dinero poder resolver determinadas cosas que los incluyan socialmente", sostuvo Giorgi.

Cuando los técnicos llegan a un acuerdo con la familia, éste es firmado por los adultos del hogar, un miembro de la ONG y también por los niños.

El motivo de que ellos también participen, dijo Giorgi, es que los menores también asumen compromisos como ir a la escuela, dejarse vacunar, asistir al médico y estar menos tiempo en la calle.

En aquellos casos en que las familias sean beneficiarias del Ingreso Ciudadano del Plan de Emergencia, deberán optar por un programa u otro, durante los 6 meses en que reciban el dinero.

Tras la firma, el compromiso es elevado por las ONGs a un Comité de Gestión. Habrá dos plazos para que los presenten: uno hasta el 27 de octubre y otro hasta el 4 de diciembre.

El Comité analizará cada caso individual, podrá hacer objeciones y pedir que se realice una nueva solicitud, rechazarlos o aceptar las propuestas.

Los fondos serán traspasados por el Mides a las ONGs, que a su vez se los trasladarán a las familias. Después de la primera entrega, la organización deberá presentar un informe firmado por un contador público que acredite la transferencia a las familias y un documento donde se evalúe el cumplimiento de las metas fijadas en el compromiso suscripto por los integrantes del hogar. Si es aprobado, se autorizará el segundo pago y luego, tras el mismo proceso, el último.

El "Programa integral de atención a niños en situación de calle" fue diseñado en dos fases. El objetivo era llegar a atender a 625 menores y se llegó a 655.

Hasta el mes de julio habían ingresado al programa 360 niños, lo que representaba un 57,6% de la meta.

En ese entonces se hizo un relevamiento sobre la información socio demográfica de los hogares.

En los hogares participantes sólo dos de cada 10 personas mayores de 17 años trabajan. El ingreso medio es de $ 6.015.

El 90% de esos niños realiza una actividad de trabajo infantil.

El 20% de las familias participantes residen en viviendas precarias y el acceso al agua potable es limitado para casi un 40% de los hogares.

Además, más de dos terceras partes de las viviendas no tiene servicio sanitario o el servicio no es el apropiado.

El hacinamiento es una característica que predomina en esta población: en un 80% de las viviendas, hay más de dos integrantes por habitación disponible.

Entre los niños y adolescentes participantes, la mayoría son varones y las edades se concentran entre los 10 y 14 años.

El presidente Tabaré Váz-quez recibirá el 20 de noviembre a 100 chicos que vendrán de todo el país a Montevideo para plantearle sus necesidades y dar una opinión sobre la realidad en la que viven.

Será una primera actividad de participación masiva de niños, apuntó Víctor Giorgi, presidente del Inau. Además, será un día simbólico ya que coincide con el inicio de la Semana de los Derechos del Niño.

En la reunión con el presidente, los jóvenes le harán planteos sobre la problemática que enfrentan, sus puntos de vista sobre la realidad del país, sus necesidades y derechos.