Contramarcha para uruguayos residentes en España

Madrid - El Tribunal Supremo español ha resuelto que los uruguayos no quedan equiparados a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) en cuanto al régimen jurídico que regulan los derechos de residencia y trabajo en España y están sujetos a la Ley de Extranjería.

Así lo acuerda el Supremo en una sentencia conocida hoy que estima el recurso del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, región del este de España.

En 2004 la corte valenciana dictaminó que los uruguayos tienen derecho a obtener los permisos de residencia y trabajo de modo similar a los ciudadanos de la UE, basándose en el Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay de 1870.

En contraposición, el Supremo establece que hay incompatibilidad entre preceptos del acuerdo de 1870 y el posterior tratado de 23 de julio de 1992, "de suerte que el segundo ha venido a sustituir al primero en lo que hace al régimen del ejercicio de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena".

El compromiso de las partes que firman el acuerdo de 1992 "no es ya el que sus nacionales puedan, en el país de la otra, ejercer libremente sus oficios y profesiones, en los mismos términos y bajo iguales condiciones que los ciudadanos de la nación más favorecida".

Agrega que, por el contrario, es "meramente que reciban las facilidades necesarias para el ejercicio de dichas actividades, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia o de trabajo y con sujeción a la legislación de éste".

"Ahora son las facilidades para el ejercicio y no el derecho a ejercer lo que se pacta en el Tratado. En pie de igualdad es en aquéllas y no en éste", recalca el Supremo.

En consecuencia y sin perjuicio de las facilidades derivadas de lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado de 1992, los uruguayos "no dejan de estar sujetos al régimen establecido" en la Ley de Extranjería y su reglamento.

Por tanto, añade, para la concesión inicial de la autorización del trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, "se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo".

Tras esta decisión del Supremo, el Partido Popular (PP, principal de la oposición en España) pidió al Gobierno español que estudie la posibilidad de introducir la doble nacionalidad para los uruguayos residentes en España.

En un comunicado, el diputado del PP Jesús López-Medel, que en diciembre pasado promovió una iniciativa en el Parlamento en la que se instaba a los gobiernos de España y Uruguay a crear una comisión de alto nivel que solucionase este asunto, se muestra decepcionado por el fallo del Tribunal Supremo.

Alerta de las consecuencias "muy negativas" que la resolución puede tener para los uruguayos residentes en territorio español.

EFE