El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pretende hincar el diente sobre la regulación del seguro de desempleo e introducirle modificaciones que permitan flexibilizar el acceso de los trabajadores temporales y otras que incentiven la búsqueda de empleo para que las personas no permanezcan "eternamente" recibiendo la prestación.
Tanto el gobierno como los empresarios y trabajadores ven que el sistema ha sido perverso al extenderse "sin criterios de emergencia" los seguros o al fomentar la permanencia en el sistema y no la búsqueda de empleo.
El subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, dijo a El País que se prevé que para el primer semestre de 2007 se completará un proyecto de ley que modifique las actuales condiciones de acceso y permanencia en el seguro de desempleo. En los últimos años solamente el 6,2% de los desempleados accedieron al beneficio. La informalidad y la imposibilidad de cumplir con los requisitos para acceder fueron algunas de las trabas que enfrentaron el resto de los trabajadores.
Bruni afirmó ayer tras la inauguración de una jornada de Seguro de Desempleo, organizada junto con el Banco Mundial, que "existe consenso" en "reglamentar las prórrogas" para contrarrestar los "abusos" en los que se incurrió en el pasado. Otros participantes fueron más allá y se mostraron partidarios de prohibir la posibilidad de prorrogar el beneficio. En lo que va del año las extensiones han alcanzado a 450 personas; sin embargo, en 2002 habían llegado a los 4.600 desempleados.
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro se mostró partidario de incrementar los controles sobre las empresas y analizar en qué condiciones se llega al desempleo (si el despedido recibe una compensación o no), antes de otorgar el seguro. En este sentido, el representante por los trabajadores en el BPS, Ariel Ferrari, comentó que en el caso de una empresa -que evadía aportes y fue intervenida judicialmente- el organismo llegó a pagar U$S 1,5 millones en seguros por desempleo. Dijo que las prórrogas al seguro por desempleo han funcionado como "canilla libre" extendiéndose por hasta 48 meses "en empresas que ya no existían".
Bruni también aseguró a El País que se pretende buscar una solución especial para los trabajos estacionales que sea distinta a la del seguro de desempleo general "que hasta ahora ha subsidiado a los zafrales". La misma implicaría una "menor cantidad de tiempo de cotización" para acceder, entre otras medidas, adelantó el jerarca.
En tanto, la directora nacional de Empleo, Sara Paysée, planteó la necesidad de evaluar un aumento del costo del seguro de desempleo para aquellas empresas que tienen un uso frecuente del sistema y la implementación de un beneficio decreciente para los desempleados de forma de incentivar la búsqueda de empleo. Además propuso utilizar el seguro de desempleo para "promover emprendimientos productivos" o para que sirva como "garantía de crédito". También se mostró a favor de que se establezcan contrapartidas obligatorias a cumplir por los beneficiarios del seguro.
Todos los sectores hicieron hincapié en la efectividad de los controles para garantizar que el beneficiario no perciba otro salario. La representante de los empresarios en el BPS, Elvira Domínguez, fue partidaria de prohibir a trabajadores y empresarios acceder al seguro por dos años si se detecta una irregularidad.
Idea
La directora de Empleo quiere que haya contrapartidas obligatorias por recibir el seguro
informe
alcance Entre 1991 y 2005 en su punto máximo, el seguro cubrió al 6.2% de los desempleados, según el estudio presentado ayer por Marisa Bucheli y Verónica Amarante. A junio el seguro de desempleo alcanzó a 18.000 personas, cifra mayor a la de todo 2005 en el que alcanzó a 14.394 trabajadores que recibieron un promedio de $ 2.656 al mes. Los niveles actuales superan a los previos a la crisis. En 2002 se produjo un pico con 37.302 personas en seguro de desempleo. En su mayoría son hombres, residentes en Montevideo, personas de mediana edad, jefes de hogar y trabajadores con nivel educativo alto.
PROBLEMAS El informe detectó problemas de control de los beneficiarios, falta de políticas que incentiven el empleo, la necesidad de acortar la duración del programa y otorgar desembolsos decrecientes. También la conveniencia de eliminar la posibilidad de dar prórrogas y de suprimir la causal de suspensión para disminuir el incentivo a usar el seguro para actividades de alta estacionalidad.