Después del desalojo, Breccia elaborará ley de negociación

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Después de lograr el desalojo de la tripería Henil Coltirey el sábado pasado, su abogado -y a la vez senador del MPP- Alberto Breccia cree que "llegó el momento" de elaborar una ley de negociación colectiva que "regule" las relaciones laborales y las ocupaciones. De hecho, Breccia ha realizado consultas con juristas, dirigentes sindicales y empresarios y adelantó a El País que redactará un proyecto de ley.

El Pit-Cnt tomó distancia del planteo y su dirigencia entiende que el proyecto de Breccia será afín al sector empleador. La Cámara de Comercio, en tanto, considera que el momento de "alta conflictividad" no es propicio para una discusión de estas características.

Se trata de un tema que el gobierno tiene en carpeta, después de que a comienzos de año aprobó un decreto de regulación de conflictos y ocupaciones. Una futura ley de negociación colectiva sería discutida en forma tripartita en una de las tres comisiones que se instalarán en el denominado Compromiso Nacional. El gobierno solicitó la semana pasada a las cámaras empresariales y a los sindicatos que nombren sus delegados para dichas comisiones.

Las consultas realizadas por Breccia son "a título personal", de cara a la elaboración de un proyecto "que sirva como borrador para empezar a analizar el tema". Para eso, Breccia solicitará el apoyo de técnicos "de distintas vertientes ideológicas".

Breccia cree que el proyecto debe ser "sacado de lo coyuntural" y no puede estar referido "solamente al fenómeno de las ocupaciones", aunque tenga un capítulo sobre el tema: "debe ser un código de las relaciones laborales". Opinó que es fundamental que cuente con "el más amplio consenso" de todas las organizaciones sindicales y empresariales "representativas" y de los distintos sectores políticos. "A todos les conviene que haya reglas de juego claras", reflexionó.

Breccia no quiso dar demasiados detalles sobre su propuesta, pero aclaró que debe haber reglas obligatorias para obreros y empresarios, así como "facultades" para que pueda actuar el Ministerio de Trabajo y la Justicia.

En su ronda de consultas informales, el senador encontró "preocupación" en la propia dirigencia sindical por la ola de ocupaciones y ante "casos que se escapan de las manos". Breccia mencionó la ocupación que hubo el año pasado en la empresa Prosegur, donde el gremio de base desconoció una resolución de AEBU.

En una entrevista en radio El Espectador, Breccia recordó que a comienzos de año el ministro de Trabajo "manejó un borrador" de ley de negociación colectiva, "tomado como un vade retro Satanás" por las cámaras y el Pit-Cnt: "Se le excomulgó rápidamente, nadie quería que el gobierno se metiera en ese tema".

INTERESES. Las declaraciones de Breccia llegan pocos días después de que el juez civil Ruben Eguiluz dictaminó que la ocupación de Coltirey es "ilegal" porque "lesiona los derechos de propiedad, la libertad de industria y de trabajo", ante un recurso de amparo interpuesto por los empleados no ocupantes.

La iniciativa de Breccia es rechazada de plano por el Pit-Cnt. "Tomo distancia de los abogados de las patronales. Si Breccia plantea una ley, lo hará en defensa de las patronales que al día de hoy le pagan sus salarios. El señor Breccia no representa los intereses de los trabajadores. En el conflicto entre capital y trabajo, él está del lado del capital. No lo tomaremos en consideración", afirmó el secretario de conflictos, Edgardo Oyenart.

La futura ley de negociación colectiva también fue considerada ayer en una reunión donde unas noventa gremiales afiliadas a la Cámara de Comercio recibieron información actualizada sobre la negociación salarial. El asesor letrado Juan Mailhos advirtió: "Con esta conflictividad, no tiene mucho sentido que nos sentemos a negociar una ley de éste tipo, mucho menos cuando el gobierno ha mostrado insensibilidad con respecto al recurso interpuesto por más de 200 gremiales y empresas contra el decreto de prevención de conflictos".

Mailhos explicó que el empresariado no aceptará "cualquier ley". Así, marcó algunos de los requisitos del sector empleador: la norma debe establecer una negociación colectiva "libre y voluntaria", cláusulas de paz "eficaces" ante el enfrentamiento de los consejos de salarios, mecanismos "muy concretos" y "con plazos acotados" para la prevención de conflictos y la posibilidad de firmar convenios colectivos "a la baja" de beneficios para "garantizar fuentes de trabajo".

desalojos El decreto de prevención de conflictos firmado este año es "transitorio" hasta que se apruebe la ley de negociación colectiva. Se establecen procedimientos de mediación y conciliación, además de fijar reglas para las ocupaciones y facultar al Ministerio de Trabajo a desalojar empresas si existe "grave riesgo de vida, seguridad o salud de la población" o si se afecta "seriamente" el orden público.

EN PAZ El decreto dice que el gobierno "necesita disponer de un instrumento que le permita actuar ante ocupaciones de lugares de trabajo" que se extiendan "más allá de lo razonable". Establece que la ocupación es parte del ejercicio del derecho de huelga, pero que debe realizarse en forma "pacífica": se deberá dejar "constancia documentada" del estado de los bienes al ocupar; hay que "prevenir daños en instalaciones, maquinarias y bienes de la empresa"; y los ocupantes no podrán "asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo cuando el empleador haya abandonado la explotación".

pasos previos Permite a empleados y empleadores recurrir en forma voluntaria a la mediación o conciliación de la Dirección de Trabajo o del consejo de salarios competente. Y obliga a promover instancias de "consulta y negociación", con "razonable" anticipación a la adopción de medidas de conflicto.

Desde que asumió el gobierno y planteó que ocupar un lugar de trabajo forma parte del derecho de huelga, es la primera vez que un juez sostiene la hipótesis contraria y ordena el desalojo.

Hay por lo menos dos recursos de amparo anteriores presentados por trabajadores no ocupantes, que terminaron con el rechazo judicial: curtiembre Naussa (febrero de 2006) y frigorífico Lorsinal (junio de 2005). Incluso el fallo dictado por el juez penal Jorge Díaz en marzo pasado, que procesó a 60 trabajadores de Vanni por realizar un proceso de autogestión en la fábrica, consideró que la ocupación era legal.