ANALISIS | ALFONSO LESSA | PERIODISTA
Tanto el dramático suicidio del coronel (retirado) Juan Antonio Rodríguez Buratti, como los procesamientos decretados ayer por la Justicia penal, expresan el aislamiento creciente de los retirados vinculados a la dictadura, cuya prédica ya no tiene el alcance del pasado, ni adentro ni afuera de las instituciones militares.
En parte, quizás, porque las generaciones más jóvenes de militares también quieren terminar con un pasado del que no son responsables.
Los clubes militares acusaron ayer al gobierno de haber derogado la ley de Caducidad por la vía de los hechos. La norma, en realidad, no ha sido derogada, pero es cierto que la nueva interpretación del presidente Tabaré Vázquez abrió el campo para investigaciones que hasta el momento no se habían realizado.
Durante los últimos veinte años, los acusados habían permanecido lejos del brazo de la Justicia, de la mano de la ley de Caducidad y de la interpretación que se fue haciendo de ella. Las leyes de amnistía y Caducidad procuraron un determinado equilibrio en el modelo de transición que se desarrolló en el país.
Pero durante estas dos décadas también han pasado muchas cosas y se han conocido unas cuantas que no se sabían, ni cuando el Parlamento aprobó la norma, ni cuando fue ratificada por voto popular.
El caso más claro es el del segundo vuelo clandestino desde Buenos Aires, que transportó a unos 20 uruguayos ejecutados en Uruguay.
El paso del tiempo, por supuesto, también ha sido fundamental para que todo esto ocurra. Y el trabajo de la Comisión para la Paz operó en el mismo sentido.
Habrá que considerar, además, que las afirmaciones del coronel Gilberto Vázquez respecto a que a los acusados se les había ofrecido hacerse cargo del caso Adalberto Soba para no ser extraditados a Buenos Aires, al menos no eran delirantes. O era cierto, o tuvo la información por otra vía.
Un alto militar consultado anoche al respecto, no disimuló su opinión: "El procesamiento en Uruguay es la alternativa menos mala", dijo frente a la posibilidad de que los acusados hubieran sido extraditados a la Argentina.
Finalmente cabe preguntarse qué harán los comandantes que públicamente se hicieron responsables de los hechos cometidos por sus subordinados. Aunque, en realidad, sólo uno de ellos fue jefe del Ejército en la dictadura: el teniente general (retirado) Gregorio Alvarez.
