"Un momento que ya vengo", dijo el coronel retirado José Antonio Rodríguez Buratti cuando la Policía fue a su casa para detenerlo. Pero no volvió. Se fue al garaje de su casa y se disparó en la cabeza, dijeron a El País fuentes judiciales. Aunque en el momento fue ingresado en estado de salud "muy grave" al Hospital Militar, una hora y media después, sobre las 21, falleció.
Fuentes militares dijeron a El País que el retirado había comunicado su decisión de autoeliminarse si era detenido, a su familia y al resto de sus compañeros de armas.
Rodríguez Buratti era el único militar que permanecía en libertad, aunque ya se había anunciado un pedido de detención con fines de extradición del juez argentino Daniel Rafecas.
El juez Luis Charles dispuso que fuera trasladado a Cárcel Central anoche, para ser conducido esta mañana a la sede judicial, junto a los restantes militares y ex policías detenidos en ese establecimiento. El magistrado los citó para esta mañana a partir de las 8 horas para comunicarles su decisión con respecto al pedido de procesamiento de la fiscal Mirtha Guianze.
El suicidio de Rodríguez Buratti fue comunicado de inmediato al juez por los efectivos que fueron a detenerlo a las 19.30 horas a su casa ubicada en Avenida Italia, frente al Clínicas.
El hecho no cambia la situación de los militares y ex policías detenidos en Cárcel Central (a la espera de un pronunciamiento judicial sobre el pedido de extradición de Argentina), José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ricardo Medina y José Sande.
Una vez que declaren los conducidos al juzgado los magistrados se trasladarán al Hospital Militar, donde permanecen internados Ernesto Ramas y Luis Maurente. Con respecto a Manuel Cordero, prófugo en Brasil, el juez puede pedir el arresto preventivo con fines de extradición.
El abogado de siete de los nueve militares, Germán Amondarain, consternado por la noticia, no quiso hacer declaraciones en relación al suicidio de Rodríguez Buratti. Más temprano había informado a El País que planteará al juez "una batería de defensas" para apoyar lo que han declarado los militares cuando comparecieron ante la sede. El defensor explicó que por un lado presentarán documentos de prueba que avalen las afirmaciones de los indagados y por otro lado, presentarán un escrito en el que refutarán las afirmaciones de la Fiscalía.
Amondarain señaló que la idea es darle al juez la otra campana para que luego de un "atento y meditado" estudio de las pruebas esté en condiciones de resolver. Consultado sobre la posibilidad de que el juez resuelva hoy mismo, señaló que el juez tendrá que evaluar si en dos o tres horas puede procesar todas las pruebas que la defensa aportará.
"CERTEZA". Los militares y ex policías, acusados de asociación para delinquir y privación de libertad de los desaparecidos en 1976 Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte, pueden convertirse en los primeros procesados por la justicia uruguaya en relación a violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La fiscal afirmó al pedir el procesamiento que existen "elementos de juicio suficientes, para estimar probadas con el grado de certeza suficiente determinadas conductas que son atribuibles a funcionarios militares y policías de la época, en concreta referencia a esa coordinación represiva y actos delictivos perpetrados en Argentina, o con repercusiones en Uruguay, que pueden ser perseguidas pese a la vigencia de la Ley 15.848"(de Caducidad).
En el caso concreto, Guianze entiende que existió un móvil económico para obtener los U$S 10 millones que el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) había obtenido de un secuestro.
De acuerdo con ello, la fiscal entiende que se aplica la figura de asociación para delinquir y de reiterados delitos de privación de libertad, específicamente agravados, por entender que ese delito se continúa configurando en la actualidad.
Lo declararon
ORLETTI. Los militares uruguayos que operaban en Orletti y pertenecían al SID eran: Juan Antonio Rodríguez Buratti, (jefe del Departamento III, que tenía a su cargo "Planes, Operaciones y Enlace"), José Gavazzo (segundo jefe), Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Manuel Cordero, Luis Maurente y los policías José Sande y Ricardo Medina. Ernesto Ramas y Jorge Silveira, pertenecían al OCOA.
GAVAZZO. Aceptó sus viajes a Argentina y haber operado sobre uruguayos, integrantes de "movimientos terroristas" que se habían trasladado a la Argentina. Sobre el asunto del dinero y Mechoso, Gavazzo declaró que negoció la entrega del dinero, a cambio de seguridad para él y su familia. Dijo que Mechoso fue a la casa, sacó el dinero "y de ahí el dinero se lo llevan los argentinos". Agregó que el 5 de octubre iba a trasladar a Mechoso con su familia a Montevideo pero ese día le dijeron que Mechoso había sido "trasladado" y que iba a llevar a la familia. Relató que después que el avión se puso en marcha, se detuvo y le avisaron que bajara "al final de la escalerilla había dos personas de civil y me entregaron una maleta diciendo que era un obsequio para el servicio de inteligencia uruguayo (...) contenía U$S 1.2 millones".
VAZQUEZ. Declaró que el dinero "se repartió entre el SID, el Comando General del Ejército y la División Ejército 1". Agregó que iba a Argentina a hacer coordinaciones, "a conocer el ambiente", "a saber como funcionaba". Sobre el trato que recibían los detenidos en Orletti dijo "no sé que trato, pero sé que no salía nadie vivo y los que nosotros sacamos estaban bastante maltrechos".
RAMAS. En la misma línea, dijo que los ex detenidos que están vivos lo están "gracias al OCOA, porque OCOA sabía quiénes estaban detenidos, la mayoría de escasa monta, y así se le comunicó al Superior"... "pero hoy están vivos y me acusan".
LOS OTROS. Los demás militares mantuvieron la constante de negar haber practicado operaciones en esa base que se investiga. Silveira proporcionó el dato del delator que posibilitó el comienzo de las acciones y de la obtención del dinero. Admitió interrogatorios en Montevideo, en el primer procedimiento contra el PVP.
Perfil
El ex Agente "301" de Inteligencia
El coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, del Arma de Infantería, era conocido en la comunidad de inteligencia militar de la dictadura como "301".
Ese nombre obedecía a que era el jefe del Departamento III, del Servicio de Información de Defensa (SID) que tenía a su cargo "Planes, Operaciones y Enlace". Con el grado de teniente coronel, estaba por encima de José Gavazzo, conocido como el "302" y del resto de los integrantes de ese servicio. Al declarar ante la Justicia, dijo que únicamente realizó tareas administrativas en el SID, a partir de 1976.
Rodríguez Buratti fue quien sacó a María Claudia García de Gelman del edificio de interrogatorios de Bvar. Artigas y Palmar en un vehículo militar. Debía conducirla a su destino final.
