Cuando el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo inició su vida parlamentaria en calidad de senador nacionalista por Flores, en 1901, se fijó el siguiente programa, que, según consignó en sus memorias, observó con "inflexibilidad":
"Seguir ante todo las aspiraciones del patriotismo, aun con sacrificio de los intereses partidarios y de la popularidad o aplauso de la opinión y propender con energía a lograr la observancia de la Constitución, de las leyes y de los principios democráticos, sin detenerse en ninguna consideración".
Tan nobles conceptos, que debieran estar inscriptos en los frontispicios de los hemiciclos parlamentarios, nacían en el espíritu del eminente ciudadano, de un imperativo de conciencia y de una formación jurídica de solidez granítica. En su mérito, gobernantes y legisladores deben manejarse siempre dentro del orden jurídico, delimitado en primer lugar por la Constitución, sin apartarse del mismo por consideraciones de conveniencia u oportunidad política. Mucho menos, por intereses o apetencias personales, de amigos o de círculos afines, ni por reclamos sectoriales, ajenos al interés general de la sociedad.
Esa línea de conducta también debe guiar al periodismo de opinión, cuyo ejercicio fue la razón determinante del nacimiento de casi todos los diarios del país, comenzando por éste, fundado hace casi ochenta y ocho años por Leonel Aguirre, Washington Beltrán y Eduardo Rodríguez Larreta, para guiar con independencia a la opinión pública. Y, al decir de Vásquez Acevedo, servir las aspiraciones del patriotismo y bregar por la observancia de la Constitución y de las leyes.
Al margen de ésta, ningún acto de gobierno se legitima con la invocación de las conveniencias del momento, reales o supuestas. En el Estado de Derecho no es válida la máxima totalitaria de que el fin justifica los medios, si éstos conllevan el olvido de la Constitución o de la ley. La seguridad jurídica, valor fundamental de las sociedades civilizadas, que son tales porque viven con arreglo a Derecho, desaparece si las garantías constitucionales y legales valen para quienes piensan y sienten como el gobernante de turno -y sus acólitos- y no valen para quienes piensan de manera antagónica o son vituperados por grupos iracundos y vociferantes.
Es lo que ha venido ocurriendo con la prisión "sine die" de los hermanos Peirano Basso, mantenida bajo presión desembozada de un sector de la sociedad y en violación de su derecho constitucional a ser juzgados en tiempo razonable y mediante un debido proceso legal, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución. Y es lo que está ocurriendo con el continuo desfile por los juzgados penales, de militares retirados, en ostentosa y reiterada violación de la Ley de Caducidad y bajo presión manifiesta de quienes confunden justicia con venganza. Y aparentan luchar contra una dictadura difunta desde hace veintiún años, cuando solo combaten contra sus fantasmas.
Cuando se sostienen estos conceptos irrefutables, como lo ha hecho El País -y, bajo firma, algunos de sus columnistas- no se postula la inocencia de los banqueros encarcelados ni se defiende a ningún militar partícipe de la dictadura, a la que hemos calificado de execrable infinidad de veces.
Los autores de delitos, por más atroces y repudiables que éstos hayan sido, no están privados de las garantías constitucionales y legales de un proceso justo y en tiempo ni pueden ser juzgados por delitos amnistiados y prescriptos. No existe, en el artículo 12 de la Constitución, una excepción excluyente de los hermanos Peirano. Y tampoco existe, en los artículos 117 y 125 del Código Penal, una excepción al instituto de la prescripción, marginante de los militares que delinquieron treinta años ha, abusando de su poder dictatorial.
Todas las personas son iguales ante la ley, dispone la Constitución desde 1830. Exigir el respeto integral de este principio jurídico cardinal no equivale a solidarizarse con la dictadura ni con ningún presunto delincuente sino, como Vásquez Acevedo, propender a la observancia de la Constitución y de las leyes. Nada más ni nada menos.
