Historia oficial

Los episodios de estas últimas semanas a los que me he de referir a continuación han sido objeto de polémica cada uno por su lado. Discusión importante, sin duda, pero a la que quiero trascender para llegar más atrás. Lo que allí subyace es el delicado asunto de los procesos de construcción de nuestra historia.

El Presidente mandó retirar la foto de los cuatro soldados acribillados en 1972 frente a la casa del Gral. Gravina, la cual estaba colgada en la oficina del agregado naval en Washington. Los tupamaros conmemoraron nuevamente la llamada toma de Pando. El gobierno encomendó una recopilación sobre los desaparecidos durante el período militar.

El asunto es complejo: vayamos por partes. En las oficinas públicas (o equivalentes) sólo corresponde que haya cuadros oficiales (Artigas, el escudo nacional, etc.) La foto de esos cuatro soldados es un claro componente de un relato más general, forma parte de una versión de la historia reciente del país. Las Fuerzas Armadas, en cuanto institución, no pueden tener una versión histórica propia o un relato propio. Pero la foto de los cuatro soldados en el jeep es un elemento de una versión-relato histórico adoptado por una parte de la ciudadanía, la cual tiene todo derecho a abrazar una determinada versión de la historia. El Presidente puede hacer descolgar las fotos en una oficina, pero no tiene derecho a "descolgar" un relato histórico, una versión, con la cual se identifica una parte sustancial de los uruguayos. Para eso no tiene competencia ni facultades.

La conmemoración de los sucesos de 1969 en Pando personalmente me parece mal. Es una conmemoración de un hecho reprobable en cuanto acto de prepotencia y sedición. Además fue, una vez más, un juego de memoria y olvido programado. Conmemoraron y honraron a los dos tupamaros que allí murieron y dejaron en el olvido al muerto más elocuente del incidente: un ciudadano, Carlos Burgueño Rodríguez que pasaba por allí sin tener nada que ver y fue alcanzado por las balas. Esta víctima emblemática de todas las guerras quedó afuera de la celebración, ocultada de la memoria y del relato. Esa conmemoración, aún con esas cargas negativas, tampoco puede ser prohibida por el gobierno.

El Secretario de la Presidencia encomendó a tres académicos el informe arriba mencionado. Se atajan diciendo que no se tratará de una historia oficial. Si es por encargo del gobierno, el material será proporcionado por el gobierno, los redactores los eligió el gobierno, lo paga el gobierno y lo editará el gobierno, no puede ser otra cosa que una historia oficial, digan lo que digan Barrán, Caetano y Rico.

Habrá quedado claro a esta altura que cuando hablo de historia me refiero al relato de un pueblo que formula, para sí y para terceros, su versión de cómo enfrentó los avatares de su peripecia colectiva. Siempre hay interesados en apropiarse de ese relato. Los gobiernos (o los partidos de gobierno) no tienen derecho ni a fabricar (o encargar) una versión oficial de los hechos ni tienen derecho a prohibir o ahogar la confección de relatos particulares que porciones de la sociedad elaboran.

La historia no son los hechos sino lo que se cuenta de los hechos. La historia es siempre un torrente de relatos, todos ellos sometidos a la decantación del tiempo y a un misterioso trabajo de memoria que los pueblos hacen sin descanso en lo profundo. En el Uruguay, desde sus comienzos, han estado activos tanto gobernantes queriendo imponer una historia oficial, como grupos sociales procurando manipular o apropiarse del relato histórico espontáneo. Ni uno ni otros pudieron, pero es un asunto a vigilar.

Quizás estos asuntos no interesen al lector, quizás le parezcan demasiado teóricos y abstractos. Las apariencias engañan. Pocas cosas hay tan decisivas para una nación en el largo plazo como las condiciones en que se consolidan sus referencias históricas.