El directorio de OSE elevará en las próximas semanas al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para hacer obligatoria la conexión a las redes de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional, anunció el titular del organismo, Carlos Colacce.
El jerarca explicó a El País que para poder hacer obligatoria la conexión de ambos servicios, el organismo estatal concretó una serie de pasos previos, de modo de brindar a los usuarios las más amplias facilidades, tanto financieras como de obras.
En este sentido, Colacce destacó que OSE firmó un acuerdo con el Sindicato Unico de la Construcción y Anexos (Sunca) para poder ofrecer en todo el país una mano de obra eficiente y de costo accesible para los propietarios de todo tipo de inmuebles.
Colacce estima que la población residente en las zonas suburbanas y urbanas del interior del país serán las más beneficiadas con la medida, porque recordó que en el caso de Montevideo, el acceso a estos servicios alcanza a un importante porcentaje.
El anuncio fue formulado este viernes en Maldonado, durante el acto de compra del 60% de las acciones de la empresa Aguas de la Costa SA por parte de OSE. El acto fue encabezado por el ministro de Vivienda, Mariano Arana.
Fuera del acto unas diez personas se dieron cita con pancartas y altoparlantes para protestar por la forma en que fue concretada la operación.
El acto se llevó a cabo en la sede de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE donde se realizó la primera reunión del directorio de la empresa Aguas de la Costa SA con el Estado, como propietario de la mayoría del capital accionario.
Según explicó Colacce, los propietarios del 40% restante no accedieron por el momento a desprenderse de las acciones en su poder, lo que hace suponer que la empresa se mantendrá funcionando de esta forma hasta el final de la concesión, lo que ocurrirá en septiembre del año 2018.
Por su parte el intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, destacó el hecho de que el Estado adquirió parte de las acciones de Aguas de la Costa, al recordar la lucha que organizaciones no gubernamentales y partidos políticos llevaron adelante en los últimos diez años.