El tema de la reelección se cuela en debate sobre reforma estatal

Sin descartarla ni renunciar a esa herramienta como salida política, el gobierno se encamina a plantear a mediano plazo un debate sobre la reelección. "No la descarto en absoluto", reconoció el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que considera que es "importante" para el futuro del país aunque debe ser discutida más adelante.

Casi sin proponérselo, el gobierno abrió un nuevo flanco de debate, ahora sobre la reelección presidencial, al advertirse por parte de la oposición que se pretende incluirla en una iniciativa de reforma constitucional a ser discutida en 2007.

Astori, uno de los principales referentes del Poder Ejecutivo, no rehuyó una respuesta: "Posiblemente haya que discutir (ese tema) en profundidad en el país. No hay que renunciar a ello y por supuesto es un tema que resulta de importancia para el futuro del país y hay que analizarlo con calma, con dedicación", sostuvo ayer durante una visita a la exposición rural del Prado.

Aunque, anticipó que "tal vez no sea el momento de hacerlo ahora y sí más adelante". "Ahora tenemos que dedicarnos a concentrarnos mucho en los problemas que tenemos que solucionar, que son unos cuantos, y no podemos distraernos en temas electorales", sugirió.

REACCIONES. La oposición to-mó cuenta por adelantado de estos propósitos y reaccionó de forma clara. Según el ex ministro de Economía y actual senador colorado, Isaac Alfie, la iniciativa oficial de reformar la Constitución se plantea "porque se quiere poner otras cosas" en la Carta Magna, "más bien políticas, como la reelección presidencial".

Quien tomó distancia por ahora del planteo fue el presidente del Directorio blanco, Jorge Larrañaga, que aseguró que le llama la atención que el Frente Amplio proponga ahora una reforma constitucional. "El gobierno suele poner títulos en la agenda política del país. El gobierno suele ponerle etiquetas a algunos temas que después no tienen ningún contenido. Es decir: le pone al paquete determinadas etiquetas y el paquete está vacío. Por lo tanto, vamos a esperar (a ver) qué contenidos tiene", sostuvo.

Consultado sobre si existe ambiente para discutir la posibilidad de implementar el instituto de la reelección presidencial, Larrañaga afirmó: "Tenemos una histórica posición en contra de la reelección presidencial. El país no puede seguir deteniéndose en la discusión de reformas políticas. En tiempos de gobierno, tiene que avanzar en respuestas a los grandes temas de los uruguayos", reclamó Larrañaga.

El propio vicepresidente Rodolfo Nin Novoa dejó en claro que, a juicio del gobierno y como se aprecia, la oposición no apoyará una eventual reforma constitucional para los cambios estatales. Para ese tema, "no podemos dejar de tener en cuenta el mapa político. Por algo no se ha podido modificar la integración del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral ni nombrar un Fiscal de Corte. La oposición no quiere prestar su voto", precisó.

Sin embargo, el ministro Astori dijo que aún está lejos una reforma de la Constitución para atender asuntos de la reforma del Estado. "No es un tema que esté planteado. Hubo una referencia pero no hay planteos formales. Creo que es muy pronto para hablar de eso. Tenemos que avanzar por ahora por la vía de normas de menor jerarquía como leyes, decretos y resoluciones administrativas, que son muchas las que hay que poner en práctica para reformar al Estado", comentó.

Pero no renunció a una alternativa de esa naturaleza. "Si fuera necesario, la haríamos en función de la reforma del Estado que queremos", dijo.

El ministro José Mujica opinó en la misma línea. "Hay muchas cosas que hacer antes de meternos en una campaña por una reforma constitucional. No lo veo. La idea es concentrar las nuevas medidas en la próxima Rendición de Cuentas", apuntó.

REGION Y REELECCION. Por lo pronto, el tema de la reelección presidencial parecería acompasarse a los tiempos que corren en la región. En Brasil, el presidente Lula se lanza de lleno a su segundo mandato, y con firmes posibilidades según indican las encuestas más recientes.

En Argentina, el presidente Néstor Kirchner viene consolidando su espacio político con miras a 2007. Para ello, incluso, ha sumado simpatías desde el radicalismo opositor y busca amigarse con sectores de la izquierda como el socialismo.

DESTITUCION. Los funcionarios presupuestados de la Administración central y aquellos de los gobiernos departamentales son inamovibles, según el Art. 60 de la Constitución. Por eso, para destituirlos se necesita sumario por las causales de ineptitud, omisión o delito, previa venia del Senado.

EMPRESAS PUBLICAS. Para la asociación de las empresas públicas con privados se requiere la aprobación de una ley. Una reforma constitucional depende de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, que los empleados de las mismas se rijan por el derecho privado. O en el caso de que se quiera modificar otro aspecto de su funcionamiento para hacerlo más flexible.

CUATRO CAMINOS. Para reformar la Constitución hay cuatro fórmulas. Primero, está la iniciativa popular donde se necesita reunir el 10% de firmas de ciudadanos que presentan un proyecto en ese sentido que se somete a la ratificación plebiscitaria, pero en la próxima instancia electoral, en este caso, en 2009. Segundo, la iniciativa legislativa que debe estar respaldada por 3/5 de la Asamblea General (78 votos), debiendo ser sometida a la ciudadanía en la próxima elección nacional. Tercero, está la ley constitucional para lo que se requieren 2/3 de votos conforme del total de componentes de cada Cámara (20 votos en el Senado y 66 en Diputados), y se somete a ratificación ciudadana en el momento en que establezca la propia ley constitucional. Y cuarto, convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que requiere iniciativa de senadores, diputados o del Poder Ejecutivo, en cuyo caso debe ser aprobada por mayoría absoluta de la Asamblea General (66 votos). El Poder Ejecutivo deberá, en tal caso, convocar en 90 días a una elección de constituyente (260 miembros), electos por representación proporcional. Esa constituyente tiene un año de plazo a partir de la fecha de promulgación de la convocatoria para expedirse y luego, el proyecto debe ser ratificado por la ciudadanía.

LO SEGURO. Este último mecanismo, al gobierno actual le facilita el camino; y lo puede promover el Poder Ejecutivo, ya que tiene votos suficientes en el Parlamento.