Persecución política, rescisión de contratos, ingresos indiscriminados pese a la observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), son algunas de las denuncias contra la administración del intendente Marcos Carámbula en la comuna de Canelones, que el Directorio del Partido Nacional analizará hoy.
Una denuncia por escrito en este sentido será presentada en la sesión de esta jornada por el senador Julio Lara, quien anunció a El País que considera que estas situaciones "irregulares" han sido la causa, inclusive, del suicidio de una persona por la afectación emocional que le ha causado.
Lara entregará hoy una carta al Directorio nacionalista, que preside el senador Jorge Larrañaga, en la que da cuenta de situaciones como "la violación del llamado convenio histórico" entre la administración y los trabajadores, lo que envuelve situaciones de "persecución política, rescisión arbitraria de contratos, ingresos indiscriminados y compensaciones especiales".
Además, el senador sostiene en la misiva que ha habido un total de 92 casos de "presupuestación y contratación" de personas en "cargos de particular confianza observados por el Tribunal de Cuentas".
También afirma en su carta que entregará al Directorio blanco que "no se hizo efectivo el aumento a 212 funcionarios por recurrir convenio (según Circular Nº 61/06 del 3 de abril de 2006)", que ha habido casos de "persecución y represalias a funcionarios que han iniciado juicio a la Intendencia Municipal (más de mil juicios)", lo que asegura que se concretó "en traslados y amenazas de rescisión de contratos".
A la vez, Lara informa en el documento que ha habido "revisión de sumarios administrativos ya finalizados, imponiendo nuevas sanciones", habiéndose revisado resoluciones sumariales desde el año 2002 a la fecha.
En la nota, Lara también pone de manifiesto la existencia de situaciones de "inquietud e incertidumbre a nivel funcional, que ha llevado al suicidio de un funcionario y también provocado, en otros, situaciones emocionales de similar tenor".
Según el senador, las acusaciones "son sin duda de inusual gravedad para el departamento y para el país todo", por lo que planteará en el seno del ejecutivo nacionalista que se tomen acciones políticas inmediatas.
"Hemos hecho un seguimiento desde hace bastante tiempo de la gestión de esta administración en la intendencia de Canelones, donde hemos comprobado la violación del conocido convenio histórico, que en su momento fue ampliamente destacado por la propia comuna", dijo Lara a El País.
Asimismo, sostuvo que "ahora tenemos ante nosotros una declaración del gremio denunciando la violación de ese acuerdo".
LOS NOMBRES. El senador nacionalista adelantó a El País que en la sesión de hoy del órgano ejecutivo nacionalista presentará los nombres de los 92 funcionarios que han ingresado a la comuna en cargos de confianza política, "los que fueron observados por el Tribunal de Cuentas".
"También, voy a presentar los documentos del Tribunal donde constan todos los detalles", añadió.
"Se trata de personas con afinidad política a la administración de Canelones", explicó el legislador nacionalista.
Del mismo modo, protestó contra el hecho de que a 212 funcionarios no se les haya hecho efectivo un pago, lo que ha derivado en más de 100 juicios contra la comuna.
"Las persecuciones políticas terminaron convirtiéndose en amenazas de nuevas rescisiones de contratos, lo que se puede catalogar como una situación totalmente anómala en el departamento", sostuvo Lara.
"MAS DE LO MISMO"
RESTITUCION. Víctor Cawen, secretario general de Adeom-Canelones, explicó que gracias a gestiones en el Ministerio de Trabajo se logró la restitución al mes de julio de cinco personas de las catorce comprendidas en la medida.
CONTRATOS. Cawen dijo que los 90 contratos hechos para personal de confianza "son totalmente innecesarios" porque "esa tarea se puede hacer con la gente que ya está trabajando". "Las tareas (que hay que hacer) son netamente administrativas, no políticas".
SALARIOS. Según el sindicalista, a estas personas "se les paga sueldos excesivos, entre $ 20.000 y $ 53.000, cuando un funcionario de carrera tiene un tope salarial de $ 30.000".
HACKENBRUCH. Los trabajadores de Adeom Canelones creen que "estamos ante una situación igual a la de la administración anterior". "Las movilizaciones que hicimos durante el gobierno anterior eran para eliminar justamente eso. Nos sorprende que este gobierno que nos acompañó y criticó esa situación haga lo mismo".