Mandaban licencias de conducir falsas a ilegales en Estados Unidos

| Dos hombres y una mujer fueron procesados. Todo empezó para ayudar a un familiar y siguió como un "negocio"

PAYSANDÚ I SANDRA KANOVICH

Dos hombres y la madre de uno de ellos fueron procesados por la Justicia, al constatar que el trío se dedicaba a confeccionar libretas de conducir falsas, que eran enviadas a sanduceros que residen ilegalmente en Estados Unidos, para ser utilizadas como documento.

La maniobra fue descubierta por la policía local, que inició la investigación cuando tomó conocimiento de que las libretas eran llevadas a una librería céntrica para ser plastificadas, ya que el documento oficial se entrega plastificado.

Hasta el momento, los falsificadores habían logrado enviar nueve documentos apócrifos, por los cuales recibieron el pago de U$S 220, que cubría el gasto de los materiales para su confección.

También los policías hallaron al menos otros dos documentos que estaban en plena elaboración, ya impresos y con los nombres de quienes serían los titulares de los documentos apócrifos.

El dinero había sido depositado en una cuenta a nombre de A.H.B.B, madre de un joven de 21 años, quien junto a un técnico de informática de 41 años eran los responsables de la elaboración de los documentos.

Todo comenzó hace algunos meses, cuando la primera de las referidas comentó a su hijo que un familiar suyo radicado en el extranjero necesitaba la habilitación para conducir.

El joven le respondió que consiguiera la fotografía, imprescindible en el certificado, asegurando que él se encargaría del resto.

Para cumplir tal compromiso contactó a un amigo suyo técnico en informática, quien una vez detenido admitió que desde hace algunos meses realiza este tipo de trabajo por encargo del joven.

También agregó que había cobrado U$S 200 por cada libreta terminada.

De la misma forma admitió que había recibido US$ 65 para la compra de una impresora color y que su compañero era el encargado de la plastificación y el envío al exterior.

CONFECCION. Según explicó el técnico, el equipo empleado para la falsificación consistía en una computadora, una cámara fotográfica digital y la mencionada impresora.

El joven de 21 años era quien le proporcionaba los datos de las personas y las correspondientes fotografías tipo carné.

El modelo sobre el que se fabricaban las nuevas libretas era su propio permiso de conducir, el que era fotografiado para después, mediante un programa de computación específico, cambiar los datos y la foto por los de la persona solicitante.

El equipo, así como otros materiales, fueron incautados durante el procedimiento policial que descubrió la maniobra.

Cuando el joven fue detenido intentó encubrir al técnico asegurando que era él quien confeccionaba las libretas truchas.

Sin embargo, cuando la policía le pidió que explicara el procedimiento que utilizaba, este no pudo entrar en detalles y terminó aceptando que "trabajaba" en acuerdo con un técnico en informática.

La mujer, que ya era conocida como el contacto para acceder a la libreta falsa, y era además la responsable de conseguir las fotos carné, fue procesada como cómplice, mientras que los dos hombres resultaron procesados como autores del delito de falsificación o alteración de certificado.

En sustitución a la prisión, los hombres deben permanecer dos horas, dos veces a la semana, en la seccional de su barrio.

Con similar medida, la mujer debe concurrir a la seccional una vez a la semana.

Capacitación en Rivera

Esta semana se iniciará en Rivera una instancia de capacitación jurídica y operativa que prepara una lucha frontal a la circulación y venta de vehículos hurtados en Brasil en dicho departamento. Por estas maniobras ya hay más de 50 procesados y otros tantos vehículos requisados que habían sido hurtados en Brasil.

Las autoridades estiman que hay unos 200 vehículos que circulan en Rivera y otros departamentos del país. Esta maniobra con medio centenar de procesados ha incrementado la población carcelaria de Rivera a un ritmo inusual. El juez Federico Alvarez Petraglia está a cargo del caso que intenta desbaratar una organización que opera desde hace meses en la frontera. Uno de los cabecillas está reconocido y se trata de un abogado, pero continúa prófugo en Brasil. Este abogado operaba en coordinación con un inspector de Tránsito de la Intendencia de Rivera.

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