El Ministerio de Salud Pública (MSP) denunció ayer ante el juzgado penal de San José a un médico, expulsado de la Federación Médica del Interior (FEMI) por suministrar morfina en el Hospital de Libertad a cuatro pacientes no terminales, que fallecieron pocas horas después.
El caso tomó estado público a nivel local días atrás a través de medios de comunicación. Por ese motivo, el fiscal de San José Ariel Cancela solicitó el martes 1° a la Justicia que investigara el caso.
Fuentes judiciales dijeron a El País que la Justicia citó a declarar al profesional y que hasta ayer de noche no había podido ser localizado en su domicilio.
El Tribunal de Ética Médica de FEMI dictaminó que el médico tuvo "conducta intencional" al provocarle la muerte a cuatro pacientes (Adela Ríos, Ramona Matto, José Ilarra y Héctor Tejera). "Tres de los casos tienen en común denominador que eran enfermos no terminales e incluso, en algún caso, cursando patologías potencialmente reversibles", sostuvo el tribunal, según publicó ayer "Ultimas Noticias". Además, consideró que incurrió en una "flagrante violación a valores éticos" y consignó que no tenía consentimiento escrito de familiares para suministrarles la morfina.
El estudio de los cuatro casos estuvo a cargo de los catedráticos Guido Berro (medicina forense) y Carolina Seade (farmacología y terapéutica).
Tras conocer el fallo de la FEMI el MSP lo desplazó de su cargo debido a la "gravedad" de la situación, dijo ayer la ministra María Julia Muñoz.
Fue denunciado ante el MSP y FEMI por la directora del Hospital de Libertad, Martha Zerbino. Al asumir su cargo, Zerbino había puesto como condición que no fuera médico de sala.
Esa actitud de Zerbino motivó una observación por parte del Tribunal de Etica de la FEMI.
El 24 de mayo de 2005 se le comunicó al médico que era cesado, pero el 8 de agosto el MSP decidió restituirlo: la decisión no se ajustaba a las "formalidades de estilo". El MSP comunicó al diputado Alberto Casas -quien había solicitado información- que no había denuncias en esa Secretaría de Estado referidas al profesional , publicó el portal "San José Hoy".
Mientras esto sucedía, el profesional había dicho a El País que atendería en su casa gratuitamente. Además, 4.500 maragatos juntaron firmas para que volviera a atender en el Hospital.
Nelly Barboza, una de sus defensoras, dijo ayer a El País que el médico "tuvo que sacar a su familia del país porque apedrearon su casa", pero que él está en Uruguay.