Taiana envió carta al Banco Mundial

Washington- La cancillería argentina pidió ayer al Banco Mundial que se abstenga de definir en las próximas semanas la eventual aprobación de dos créditos por US$ 400 millones para las plantas papeleras proyectadas sobre el río Uruguay, confirmaron ayer a La Nación dos fuentes involucradas en las tratativas.

La delegación del Banco Mundial en Buenos Aires recibió una carta, firmada por el canciller Jorge Taiana, en la que se aclaró que el diferendo ambiental con Uruguay sigue abierto y que la resolución del tribunal de La Haya no cerró la controversia jurídica binacional, dijo a La Nación un vocero de la Cancillería, Javier Porta.

La carta reitera los lineamientos de una misiva anterior, que también con la firma de Taiana se envió al presidente de la entidad, Paul Wolfowitz, a mediados de marzo último, y que causó malestar entre los directivos y el staff técnico del grupo del Banco Mundial, confiaron a La Nación funcionarios del organismo multilateral en esta capital.

Más allá del pedido de Buenos Aires, la Corporación Financiera Internacional (CFI) anunciará hoy o en los próximos días los nombres de los consultores independientes que aportarán la información adicional considerada necesaria para determinar el impacto ambiental acumulado de las papeleras, dijeron a La Nación dos informantes.

Los consultores independientes tendrán luego entre 60 y 90 días para presentar su informe, de acuerdo con el "plan de acción" previsto, informe que será revisado después por los primeros expertos que elaboraron un estudio de impacto ambiental, los canadienses Wayne Dwernychul y Neil McCubbin.

Estos expertos deberán "verificar su consistencia y que se haya dado respuesta a los hallazgos y recomendaciones de su informe" de abril último, según informó la CFI al difundir su plan de acción. Sólo luego el informe de los nuevos consultores, combinado con el relevamiento de Dwernychul y McCubbin, será analizado por el directorio de la CFI para definir si concede créditos por US$ 400 millones a los proyectos de las empresas Botnia, finlandesa, y ENCE, española.

Plazos largos

La eventual aprobación de los créditos por la CFI podría demorarse así hasta octubre o noviembre próximos, aunque los plazos podrían variar aún más. "El Banco Mundial no quiere conflictos con sus países miembros. Es una cuestión de tacto político también saber esperar", confió una de las fuentes consultadas.

Del cumplimiento de esas pautas también dependerá que otra rama del Banco Mundial, la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA, por sus siglas en inglés), determine a su vez si brindará un seguro de riesgo político por US$ 300 millones a Botnia. Los nuevos consultores independientes deberán abordar las pautas de evaluación sugeridas por Dwernychuk y McCubbin en su estudio de impacto ambiental y social acumulado sobre el río Uruguay, a la altura de Fray Bentos y de Gualeguaychú.

Entre otros puntos, los expertos canadienses recomendaron mejorar la información disponible sobre cuáles serán los niveles previstos de dioxinas y furanos en los vertidos de las plantas, su impacto sanitario, la futura calidad del aire en la Argentina, los rellenos sanitarios, la calidad del agua del río Uruguay, el impacto eventual sobre la fauna y las secuelas económicas de los proyectos sobre el turismo.

En Buenos Aires, el representante del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, se encuentra de vacaciones. Pero la carta enviada por Taiana recorrerá el espinel hasta Washington. Ante la carta anterior, el presidente de la CFI, Lars Thunell, replicó que "la Corporación solamente financiará proyectos que cumplan estrictamente con sus estándares medioambientales", posición que reiteró luego ante la ministra de Economía, Felisa Miceli, al encontrarse en esta capital, en abril último.

La Nación