Convención de Ginebra

La reciente decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso de Salim Ahmed Hamdan, un ciudadano yemení detenido en Guantánamo, es un avance importante en la defensa de la "rule of law", la vigencia de la norma jurídica, los derechos humanos y, aunque a algunos pueda parecerle lo contrario, en la lucha contra el terrorismo internacional. A poco de emitida la sentencia (que la Corte aprobó por mayoría: cinco jueces a favor y tres en contra), el Congreso comenzó a exigir que el Poder Ejecutivo revise su actual política. Ahora, la Casa Blanca ha hecho lo sensato: cambió su curso. Aunque queda por verse hasta qué punto.

El Departamento de Defensa acaba de adoptar una directiva que determina que los presos de Guantánamo quedan amparados por las disposiciones aplicables al caso de la Tercera Convención de Ginebra sobre el tratamiento humano de los prisioneros de guerra, que entró en vigencia en octubre de 1950. Esta decisión seguramente mejorará la posición de la Administración Bush durante las sesiones de la Comisión sobre el Poder Judicial del Congreso y de otros comités de este último que consideran diferentes aspectos del delicado asunto. Pero ello no puede ocultar que se trata de una derrota política importante para la Casa Blanca y de una política que resultaba cada vez más difícil de justificar, dentro y fuera del país.

Otra consecuencia importante es que la Corte dejó claro que los prisioneros no flotan en un limbo jurídico, como aparentemente consideraron algunos de los asesores presidenciales. La base de Guantánamo se encuentra sujeta al Derecho de los Estados Unidos y debe cumplir con sus reglas, incluyendo las referentes a la tutela de los Derechos humanos y a la división de poderes. Este último no es un punto de menor importancia, cuando consideramos la forma agresiva en que la Administración impulsa sus poderes de vigilancia y control internos, en aras de una lucha global contra el terrorismo.

Lo sucedido tiene dos facetas. Una de ellas es la constatación de la ilegalidad de una conducta del Poder Ejecutivo. La otra es la admiración que causa la sabiduría esencial del sistema político de aquel país, con su compleja y delicada estructura de controles y contrapesos.