Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decidieron realizar una "evaluación de impacto" del Plan de Emergencia, para determinar si le corresponde a las personas inscriptas o, en su defecto, se deja paso a nueva gente. También tratarán de definir cuál ha sido la evolución en las condiciones de vida de los cerca de 80.000 integrantes del Panes. Este trabajo se realizará junto a la Universidad de la República y esperan concluirlo en agosto, según informó el director de Evaluación y Monitoreo del Ministerio, Lauro Meléndez.

El Plan cuenta con una población "muy dinámica", ya que constantemente reciben nuevos beneficiarios, al tiempo que otros son dados de baja por distintos motivos. Actualmente unos 3.000 hogares del total de inscriptos fueron suspendidos. Algunos de estos ingresaron en el programa Trabajo por Uruguay. Pese a esta movilidad, Meléndez indicó que el actual número de hogares beneficiarios va a ser con el que van a trabajar hasta el final del Plan de Emergencia, previsto para abril de 2007.

"Vamos a llegar hasta lo que haya que llegar", aclaro sin embargo, al referirse a que serán incluidos todos aquellos en situación de indigencia. "Ahora lo que estamos analizando es si esta población que estamos teniendo, le corresponde estar o no", advirtió Meléndez.

Las denuncias que a diario reciben las diferentes dependencias del Mides, motivan que las autoridades estudien nuevamente la situación de los integrantes del Plan. Para ello vuelven a realizar visitas a los hogares y en algunos casos comprobaron irregularidades en la declaraciones juradas.

La directora general del Mides, Diana Marcos, indicó que son pocos los casos que llegaron a la Justicia (estimó que no llegan a 12) "pero son simbólicos". Puso como ejemplo una persona de Tacuarembó que tenía campo y casa en el balneario Iporá.

VECINOS JUSTICIEROS. Los propios vecinos son los que denuncian a los beneficiarios del Panes cuando entienden que no les corresponde el ingreso ciudadano. Según explicaron varios encargados de oficinas departamentales del Mides, se presentan, hacen llamadas telefónicas o envían una carta para notificar sobre la situación económica de un hogar que integra el Plan.

En ciertos casos se realizan denuncias anónimas. En Paysandú algunas personas se identificaron como funcionarios públicos y "vecinos honestos", que suponen que alguna persona no cuenta con las condiciones para recibir el ingreso ciudadano.

Los encargados de las dependencias del Ministerio en Cerro Largo, Soriano y San José coincidieron al decir que reciben cerca de 40 denuncias por mes.

Se informó que en Florida son 1.770 las personas que integran el Plan. A 40 se les suspendió por tener una moto, un pequeño comercio o incluso un auto. El coordinador del Mides en Paysandú, Carlos Damico, consideró que existen casos en que "se hacen los vivos", pero también cuestiones "culturales". Como ejemplo, señaló que hay mujeres solas que no declaran a su compañero y por lo tanto su ingreso.

Entre los casos de "viveza", destacó situaciones en las que se ha comprobado que el titular del Plan es propietario de un campo, incluso poblado de ganado, y no fue declarado.