IMM no cobra cánones a concesiones de la rambla

Unas diez instituciones sociales, deportivas y restaurantes ubicados sobre tierras municipales en la costa de Montevideo no pagan cánones ni realizan contraprestaciones a sus zonas, según una denuncia realizada por concejales vecinales de Pocitos, Punta Carretas y Buceo. El informe sostiene que el mu- nicipio dejó de cobrar por esta causa un mínimo de $ 2.000.000 (U$S 83 mil) en dos años.

El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, reconoció ayer que hay "una gran variedad" de situaciones en las concesiones de tierras de la intendencia.

Para el jefe comunal, "no debe ser la única alternativa" que los concesionarios "paguen más" por la utilización de esos predios, sino que deben cumplir con contraprestaciones para los barrios donde están afincados. Agregó que el municipio está estudiando caso por caso las concesiones de terrenos comunales.

El tema tomó estado público tras una investigación realizada por el presidente del Concejo Vecinal No. 5, Hugo Recalt. Este vecino de Pocitos constató que reconocidas instituciones no pudieron abonar sus cánones por varias causas: trabas burocráticas existentes en la comuna; finalización de convenios; efectúan pagos provisorios o abonan derechos de uso del suelo comunal por valores del año 2002.

Otros clubes, explicó, no efectúan contrapartidas al barrio como lo estipulan los acuerdos por el uso del suelo perteneciente al municipio.

Los centros afectados por las demoras en las firmas de los convenios son los clubes Biguá, La Estacada, Banco Comercial, Montero, Yacht Club, locales de pescadores del Buceo y Nautilus.

Según autoridades del Club Nautilus, la propiedad del predio que ocupa no pertenece a la Intendencia de Montevideo sino al Ministerio de Salud Pública.

Recalt dijo a El País que el Estado carece de un censo sobre los propietarios de las tierras ubicadas en la costa de Montevideo, lo cual calificó de "inadmisible".

Según la investigación del concejal, también fueron mal ejecutados por la comuna los contratos firmados con los restaurantes Che Montevideo, El Viejo y el Mar y el parador Kibón, según el documento entregado al Concejo Vecinal No. 5.

El informe señala, por ejemplo, que la Intendencia firmó hace dos años un convenio con el Club Biguá.

"Como el acuerdo tiene omisiones en el texto, la Intendencia no le dio el cúmplase y lo devolvió a la Junta para su corrección. Allí llevará varios meses de demora", reza el documento de Recalt. Por esa causa, expresa el concejal, la Intendencia dejó de percibir cerca de $ 1.000.000.

"Las instituciones privadas desean pagar. Lo que ocurre es que la Intendencia no les cobra. En el tema intervienen direcciones diferentes de la IMM y nadie conoce claramente cada situación", dijo Recalt.

Por su parte, el concejal Gustavo Márquez afirmó a la revista Ciento Veintiuno que el Concejo Vecinal No. 5 "no pudo saber" cuál es la Dirección municipal responsable de efectivizar el cobro de estas prestaciones a las instituciones que explotan un predio en la costa.

Otro caso denunciado por los concejales es un presunto subarrendamiento firmado entre dos clubes náuticos de Punta Carretas y de Maldonado.

Márquez dijo que el Concejo Vecinal envió un inspector que multó a ese club, pero "no puede hacer más nada".

El gremio de la Intendencia de Montevideo advirtió al intendente Ricardo Ehrlich que el incumplimiento del convenio por parte de la comuna en el 2002 determinó "horas de lucha" y "angustia" para el sindicato. También señaló que los trabajadores no olvidarán ni negarán el "alto precio" que debieron pagar por ese conflicto. En la misiva enviada a Ehrlich, los municipales agremiados sostienen que muchos conceptos podrían verterse sobre el convenio firmado entre ambas partes en el 2001. Ese acuerdo fue roto en forma unilateral por la administración Arana, lo cual generó una ola de juicios laborales.