Ultima ola de juicios contra el Estado por la crisis de 2002

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RICARDO SOSA

La cercanía de las fechas tope para iniciar juicios contra el Estado por las consecuencias de la crisis financiera de 2002 generó una andanada de acciones de ahorristas de los bancos liquidados entre mayo y junio, período a partir del cual comienzan a prescribir las causas, aseguraron a El País fuentes del Banco Central (BCU) y privadas.

Las normas vigentes marcan que las acciones contra el Estado pueden presentarse hasta 4 años después del hecho que generó el reclamo. A partir de ese momento los hechos por lo que se puede reclamar prescriben.

Funcionarios, representantes de ahorristas y abogados revelaron varias acciones colectivas de ahorristas contra el Estado. En el Central se considera que las presentaciones se darán hasta fin de año dado que las decisiones o hechos a las que aluden las denuncias se dieron entre junio y diciembre de 2002.

El 21 de junio pasado se cumplieron cuatro años de la intervención del Banco de Montevideo, que en las últimas semanas los hermanos Jorge, Dante y José Peirano -accionistas de la entidad y procesados con prisión- criticaron públicamente por considerarla apresurada. En una carta pública los ex accionistas del banco dijeron que la intervención aceleró la quiebra.

Para algunos abogados el 21 de junio sería la fecha para la que corren los cuatro años, mientras que existen otras opiniones que afirman que debe tomarse como momento de comienzo de los plazos la liquidación del banco.

Autoridades del Central dijeron que buena parte de las demandas que se presentaron en los últimos dos meses corresponden a tenedores de eurobonos y a ahorristas del Trade & Commerce Bank del mismo grupo económico del Banco de Montevideo.

Fuentes de los grandes ahorristas y eurobonistas de los bancos liquidados dijeron a El País que la falta de avances en la recuperación del dinero llevó a muchos inversores a tomar el camino judicial.

PLAZOS. En agosto vence el plazo para reclamar por el incumplimiento en los pagos de los eurobonos del Banco Comercial. Fue el 4 de agosto de 2002 el día en que los ahorristas no pudieron hacerse con el cobro de los intereses de esos títulos de deuda.

Un reconocido abogado comentó ayer a El País que presentará en los próximos días una demanda de eurobonistas del Comercial y Montevideo con ahorros por U$S 22 millones.

La experiencia del gobierno hasta ahora ha sido positiva, según fuentes del BCU. "La gran mayoría de los casos fueron ganados por el BCU", señalaron. Aquellos en los que ha habido fallos contrarios al banco fueron apelados y " no ha habido ninguna sentencia definitiva", dijeron.

Al igual que el Estado, los inversores privados que litigaron contra los ex accionistas del Banco Comercial tuvieron muy poca suerte. Las demandas presentadas por los abogados Gabriel Galán, Miguel Loinaz y por el inversor Luis Vargas Garmendia no fueron aceptadas por la Justicia estadounidense. Allí se aplicó la causal de "foro no conveniente", que impide a una corte de EE.UU. juzgar casos ocurridos en otro país.

Los ahorristas y eurobonistas de los bancos liquidados están decididos a iniciar un nuevo juicio contra el Estado. Esta vez no será por hechos ocurridos durante la crisis sino por decisiones tomadas por la actual conducción del Ministerio de Economía.

El anterior gobierno había acordado con los ahorristas un canje por el cual recibía bonos y cuotapartes y entregaba un bono en Unidades Indexadas a 15 años de plazo. Ese canje estuvo operativo por 90 días en 2005 y recibió adhesiones por U$S 25 millones. La actual administración resolvió ajustar los términos del canje prometiendo a los ahorristas volver a abrirlo. Eso sucedió en junio del año pasado y hasta ahora los ahorristas no tuvieron respuesta.

Por eso decidieron que si en julio no reciben un planteo para reabrir la operación, iniciarán juicios contra el Estado. Un grupo de inversores es asesorado por el estudio Olivera & Delpiazzo.