El gobierno uruguayo se mostró escéptico y con dudas sobre el rigor del informe de la Facultad de Ciencias que indica que las plantas de celulosa tendrán "un impacto muy fuerte", dijo este viernes a la AFP una fuente oficial.

El viceministro de Medio Ambiente, Jaime Igorra, dijo que "no sabemos si es un informe técnico. Se precisa saber qué modelo se usó y cuáles son las comprobaciones científicas, porque si bien la duda es el motor de la ciencia, si no hay comprobaciones científicas, es ficción".

El jerarca, que evocó varios informes científicos favorables a la instalación de las plantas de celulosa, dijo que intentó acceder al informe, pero que el mismo le fue negado por los investigadores de la Facultad de Ciencias que lo realizaron y "se me dijo que era reservado".

El informe señala que dos plantas de celulosa que se instalan en Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo) sobre el río Uruguay, tendrán "un impacto muy fuerte" y que "la mayoría de los efectos serán sub-letales y crónicos".

"No existen los datos necesarios" para determinar el impacto exacto, pero "existen numerosos estudios que analizan las respuestas de los peces y otros organismos acuáticos a la descarga de los efluentes de plantas de celulosa (similares) sobre los cuerpos de agua", afirma.

En febrero, investigadores del Area Química del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) indicaron que "no existe ninguna razón científica para pensar que los procesos a implementar contaminarán el ambiente, siempre que se cumpla con el control de las emisiones de efluentes líquidos, gaseosos y sólidos, al que las empresas se han comprometido".

La instalación de las plantas de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence, que implican una inversión conjunta de 1.800 millones de dólares, son cuestionadas por motivos ambientales por Argentina, que recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para solicitar su suspensión preventiva.

Se espera para julio un fallo de la CIJ sobre el asunto. Asimismo, Buenos Aires demandó a Montevideo por la presunta violación del Tratado del Río Uruguay de 1975.