Con el objetivo de fomentar una "cultura de paz", el gobierno iniciará una campaña educativa que apunte a "concientizar" a la población sobre el uso y el tráfico de armas de fuego.

Esa actividad, además, se complementará con otra serie de acciones que tendrá como punto final la aprobación de una "ley integral sobre armas de fuego".

La idea del gobierno es avanzar cuanto antes en ese tipo de medidas, y por eso en los próximos días será aprobado un decreto que inicia una coordinación interministerial sobre el tema.

Esos datos están contenidos en el "Informe nacional sobre la implementación del programa Acción 2001 de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras", que difundirá hoy a las 18 horas la Dirección de Asuntos Multilaterales de la Cancillería.

El documento fue elaborado por representantes de distintos ministerios y de asociaciones civiles.

Dicho informe, al que accedió El País, será presentado en los próximos días en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, en el marco de la "Conferencia de Revisión del Programa de Acción", de los compromisos asumidos en 2001.

La delegación uruguaya estará integrada por representantes del gobierno ante Naciones Unidas, por la diputada socialista Daisy Tourné, y por Gustavo Guidobono, integrante de la Asociación de Lucha por el Desarme Civil (Aludec). Tourné presentará hoy el tema en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

"pilares". En el informe que será presentado ante Naciones Unidas, Uruguay proporcionará un diagnóstico de la situación actual en la materia, así como planes a futuro.

Por ejemplo, se consignará que "no se ha detectado la existencia de tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras", y que la "preocupación" central de las autoridades apunta a "regularizar" las armas en poder de los ciudadanos.

Tampoco "se han detectado grupos dedicados a la fabricación o tráfico de armas, ni hay una industria de armas de fuego".

Actualmente, consigna el informe, se está elaborando una "base de datos" en el Ministerio del Interior -en la Dirección de Información e Inteligencia y en el Departamento de Crimen Organizado- para "facilitar las tareas de investigación en el comercio y tráfico ilegal de armas de fuego".

En el documento se señalan como pilares de Uruguay en el tema la "activa campaña de destrucción" de armas y la puesta en práctica de una campaña informativa.

"cultura". El documento que será presentado hoy, señala que Uruguay apunta al "desarrollo de una cultura de paz" y que si bien las acciones en ese sentido hasta ahora estuvieron destinadas a funcionarios estatales, "el nuevo desafío" apunta a hacerlo extensivo al resto de la población.

Para eso, se llevarán adelante distintas acciones, algunas directamente desde el gobierno y otras con cooperación internacional.

Por eso, señala el documento, el gobierno buscará "poner en marcha", en acuerdo con distintos sectores de la sociedad civil una "campaña educativa integral" destinada a la población, que tenga como cometido "la concientización del problema de tener armas de fuego y las consecuencias de su uso".

Una propuesta de ese tipo fue presentada por Aludec en el pasado, y ahora el gobierno aspira a concretarla y para eso se está buscando cooperación internacional, como forma de iniciarla lo antes posible.

"dimension". De acuerdo al documento, también está previsto elaborar un estudio profundo y sistematizado para evaluar la real dimensión del problema de la tenencia de armas de fuego, porque la información actual es "parcializada y sectorizada".

Con esos datos, se buscará "promover la coordinación" en distintas dependencias públicas y privadas, con el objetivo de avanzar, como último paso, a una ley integral sobre armas de fuego.

Por otra parte, en el documento se informa que existe en elaboración un código sobre la materia de armas de fuego, explosivos y municiones para reemplazar la legislación actual.

Además, se informa que se encuentra en proceso de aprobación un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo por el cual se crea un comisión interministerial para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas.

Las drogas y el terrorismo

Si bien en Uruguay "no se ha constatado la existencia de una relación entre el tráfico de drogas y armas de fuego", la ubicación regional y en especial el Puerto de Montevideo, generan preocupación.

Según consta en el informe que Uruguay presentará ante Naciones Unidas, la fabricación y tráfico de armas "puede tener vinculaciones muy estrechas con el tráfico de drogas, la delincuencia trasnacional organizada y el terrorismo".

Con respecto al terrorismo, el informe que se presentará ante la sede de Naciones Unidas destaca que "desde 1963 Uruguay ha tomado los recaudos necesarios para que este flagelo internacional no se instalara en el país".

Por eso, "Uruguay, hasta el momento, no cuenta con antecedentes de organizaciones que pudieran ser catalogadas como terroristas".

Tampoco existen -según consigna el informe que se elevará a la institución multilateral- "organizaciones terroristas extranjeras" que utilicen a Uruguay como un "santuario" de "descanso, refugio y adiestramiento".

Números

INCAUTACIONES. En lo que va del 2006 las autoridades se incautaron de 1.862 armas, cifra casi similar al número de incautaciones en el 2005: 1.630. El 2001 fue el año con mayor cantidad de incautaciones (1.788). En el 2003 hubo 1.511, y en 2002 la cifra total fue de 1.465.

TENENCIA. El informe que se presentará ante Naciones Unidas incluye datos sobre tenencia de armas (permiso que se otorga a la persona para tener el arma en su domicilio). El 2002 fue el año en el que se otorgaron más permisos de tenencia: 8 mil, seguido por el 2001 con 6.699, y por el 2003 con 6.239. En el 2004 se otorgaron 4.588 permisos y el año pasado 3.058.

APORTES. El 2002 fue el año en que se otorgaron más permisos para portar armas: 830, seguido por el 2005, cuando se concedieron 790. En el 2003 se otorgaron 739 permisos de portes de armas, en el 2001 el número fue de 678, y en 2004 alcanzó a 582.

ACCIDENTES. El año pasado fueron atendidos en Uruguay 723 pacientes por "agresión de armas de fuego", una cifra superior a la de años anteriores: 668 en 2004, 596 en 2003, 706 en 2002, y 544 en 2001.

GASTO. El informe establece que no puede cuantificarse el gasto que significa para el Estado el uso indebido de armas de fuego.

NIÑOS. De acuerdo a datos de los hospitales, a partir del 2000 se produjo una disminución en la mortalidad infantil por disparos.

SUICIDIOS. En los años 2003 y 2004 hubo un "marcado incremento" de suicidios en los que se utilizaron armas de fuego.

Operación desarme

Uruguay tiene "amplia experiencia" en operaciones internacionales de desarme, que se comprueba en la participación en 15 Misiones de Paz de Naciones Unidas y con 3 mil personas "desplegadas" en otras 10, consigna el informe. Desde 1988, "Uruguay ha desplegado un total de 12.500 personas entre observadores civiles, personal militar y policial". Los que participan actualmente están en: Sahara Oriental, Haití, República Democrática del Congo, Burundi, Costa de Marfil, entre otros.

Hoy serán destruidas unas 2 mil

Para hoy 21 de junio está prevista la destrucción de 2.096 armas de fuego, según consta en el informe que se presentará en la Cancillería. Con esa eliminación, el número total alcanzaría hasta ahora a unas 20 mil.

El informe que será presentado por Uruguay ante la sede de Naciones Unidas incluye los datos de las destrucciones desde 1998 hasta el año pasado.

Según esas cifras, el año 2004 fue el año en el que se destruyeron más armas (3.203), seguido de 1999 (2.930), de 1998 (2.592), y de 2005 (2.564).

En el 2000 se destruyeron 2.837 armas, en 2002 la cifra alcanzó a 1.611, en 2006 a 1.512, y en 2001 a 1.346.

En el informe al que accedió El País, se señala que de acuerdo a la legislación vigente desde 1990, las armas de fuego permanecen en depósito judicial por seis años y que luego de ese plazo, si no hay disposición, las mismas son destruidas en acto público.

En el depósito judicial, consigna el texto, hay 13.800 armas de fuego que ocupan el espacio disponible, "lo que mejorará una vez recibida la asistencia internacional solicitada".

En Uruguay además existe otro depósito de armas: el Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), donde se depositan armas remitidas por la Justicia, que no están en el depósito judicial.

El año pasado, desde esa dependencia se informó que el lugar está "colmado" y que por eso no se puede lograr una "mejora" de la gestión.

El año pasado, el senador blanco Gustavo Penadés presentó un proyecto de ley por el cual se reduce el plazo del depósito de armas remitidas al SMA por parte de la justicia.

De acuerdo a la iniciativa, a estudio de la Comisión de Defensa del Senado, si los titulares de las armas no las retiran, serán destruidas a los tres años. La norma vigente establece seis años.