Buenos Aires - El ex represor argentino Miguel Etchecolatz, acusado de homicidios y torturas durante la última dictadura militar, será juzgado desde mañana en la primera audiencia oral y pública tras la anulación de las denominadas leyes del perdón.
El ex director de Investigaciones de la policía bonaerense durante el régimen militar (1976-1983), considerado como uno de los símbolos de la represión ejercida en esos años, será enjuiciado por el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad argentina de La Plata.
Etchecolatz, quien ya se encuentra con arresto domiciliario por otros delitos cometidos durante la dictadura, está acusado por el el homicidio calificado de Diana Teruggi, y la privación ilegal de la libertad, las torturas y el homicidio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado.
En la causa, iniciada en 1999, el ex policía también está acusado de ser partícipe en las torturas y la privación ilegal de la libertad de Nilda Eloy y Jorge López.
En los procedimientos hechos por la justicia local, Etchecolatz reconoció haber participado en 1976 junto con el entonces jefe de la policía bonaerense Ramón Camps en un operativo en La Plata, donde cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Teruggi.
Esta es la primera causa que llega a juicio oral y público después de que el Parlamento argentino anulara en agosto de 2003 las leyes de Obediencia Debida (1987) y Punto Final (1986), que limitaba las acciones penales contra miembros de las Fuerzas Armadas implicados en la represión y exculpaba a oficiales acusados de crímenes durante la dictadura.
De todas formas, Etchecolatz cumple desde 2004 una condena de 23 años por haber sido encontrado culpable de 73 casos de torturas en la causa Camps , así denominada en alusión al proceso judicial contra el fallecido ex jefe de la policía bonaerense y sus subordinados.
Tras el fallo, el ex director de Investigaciones de la fuerza consiguió el beneficio del arresto domiciliario por razones de edad, ya que supera los 70 años.
Etchecolatz también fue condenado por el secuestro y cambio de identidad de Carmen Sanz, hija de desaparecidos de nacionalidad uruguaya, durante el gobierno de facto.
El tribunal que desde mañana juzgará al ex policía -integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo- puede aplicarle la pena de reclusión perpetua, lo que en Argentina equivale a 25 años de prisión.
Entre los testigos que fueron citados a declarar durante el juicio, figuran los ex presidentes María Estela Martínez de Perón (1974-1976), quien actualmente reside en España, Raúl Alfonsín (1983-1989) y el presidente provisional del Senado durante el gobierno de Martínez de Perón Italo Luder.
El juicio, en el que declararán unos 133 testigos y durará unos tres meses, se celebrará en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, dado que las salas de los tribunales no cuentan con el espacio necesario para albergar al abultado número de personas que se espera asistan a las 25 audiencias previstas.
Entre ellas, acudirán los organismos de derechos humanos reunidos en la agrupación Justicia Ya en la Patria , dado que algunos de ellos, incluso, actúan como querellantes de la causa.
Fuentes vinculadas a estas entidades señalaron que el objetivo es que se haga justicia a partir de este proceso y que Etchecolatz reciba una condena sin el beneficio del arresto domiciliario.
Según estos organismos, el ex policía es uno de los responsables de las 30.000 desapariciones de personas ocurridas en Argentina durante el régimen.
Durante el primer día de audiencias, Etchecolatz será indagado, al igual que Nilda Eloy, ex detenida desaparecida.
Mañana, además, el fiscal Carlos Dulau Dumm será el encargado de leer la acusación al ex policía, que es representado por los abogados Adolfo Casabal Elía y Luis Boffi Carri Pérez.
Como parte del proceso, también se llevarán a cabo inspecciones en viviendas de desaparecidos y en lugares utilizados durante la dictadura como centros clandestinos de detención.
El expediente del juicio, que posee 15 tomos y varios anexos, comenzó a raíz de una denuncia hecha en 1999 por Leopoldo Schiffrin, integrante de la Cámara Federal de la Justicia.
Esta es una de las 1.004 causas existentes en Argentina contra represores de la dictadura.
EFE