Cónsul uruguayo reaviva la polémica

El canciller Reinaldo Gargano negó que existan pruebas que vinculen al recientemente nombrado Cónsul de Uruguay en Gualeguaychú con violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

Ayer el diario argentino Página/12 publicó una nota en la que daba cuenta del nombramiento del cónsul Arisbel Arnoldo Arocha, bajo el título "Un cónsul manchado por el Plan Cóndor". "Es una verdadera alarma, en primer lugar, para nosotros los uruguayos. Declaramos nuestro repudio a esta persona y reclamamos la remoción inmediata de su destino como representante de nuestro país", señala un comunicado del colectivo de militantes del Frente Amplio radicado en Argentina y citado por el matutino.

No obstante, ayer Gargano desestimó estas denuncias en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. "No hubo ninguna prueba que acreditara los rumores", dijo Gargano a los diputados. "La Cancillería no lo va a remover porque fue designado dentro de las normas legales correspondientes. Cuando surgió la versión se lo indagó a fondo y no hubo ninguna prueba que acreditara la verosimilitud de lo que se denunciaba", explicó Gargano.

No obstante ello, en Entre Ríos la información publicada por Página/12 causó inmediatas reacciones de rechazo. Por lo pronto, el vicegobernador de la provincia, Guillermo Pedro Guastavino, sostuvo que la designación del diplomático fue "una provocación intolerable de Tabaré".

"Resulta incomprensible que un gobierno que se presenta como progresista designe como representante a una persona con los antecedentes de Arocha, que cumplió un papel clave como representante de la dictadura uruguaya en el exterior, llevando y trayendo información en la que se jugaba la vida de muchos hermanos uruguayos", aseveró el vicegobernador Guastavino.

Citando un artículo del diario La República, el matutino argentino sostuvo que el diplomático fue denunciado por el militante Sergio López Burgos, detenido en Buenos Aires junto al sindicalista León Duarte, en Automotoras Orletti. La denuncia fue presentada al juez argentino Daniel Rafecas, que investiga casos vinculados a violación de derechos humanos en la dictadura argentina.