Díaz abortó operativo en Dancotex

El segundo intento frustrado de la Justicia por ingresar a la planta de la textil Dancotex a retirar máquinas y materia prima fue abortado el miércoles pasado después de que el ministro del Interior José Díaz solicitó expresamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Hipólito Rodríguez Caorsi, la postergación de la medida.

Así lo indica un comunicado emitido ayer por la corporación, donde también se afirma que nunca se pidió "la suspensión" de la orden -como consignó la jueza laboral Nanci Corrales en el expediente-, sino que sólo se transmitió la "solicitud de prórroga" de parte del gobierno.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a El País que la prórroga fue pedida por "cuestiones operativas", ya que se entendió que no daban los plazos para montar un operativo que permitiera custodiar los bienes mientras se sacaban de la planta y luego se transportaban hacia la fábrica de Colonia, proceso que hubiera llevado unos cuatro días. La solicitud de Corrales llegó al ministerio el miércoles pasado y las autoridades de Interior creyeron que en dos días no podían diseñar un operativo de esta trascendencia, advirtieron las fuentes.

El subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, dijo a El País que el tema es una de las principales preocupaciones de su ministerio y que se realizan distintas gestiones para intentar lograr una solución negociada mientras corren los tiempos judiciales. "Si podemos evitar un enfrentamiento (al intentar retirar la maquinaria), mucho mejor. Pero no podemos interferir en la decisión judicial", argumentó Bruni.

CRITICAS. Sin embargo, desde la oposición y desde el sector empresarial se interpreta que la acción del gobierno fue claramente una injerencia en la actuación del Poder Judicial, provocando en los hechos una nueva postergación del cumplimiento de la orden judicial de sacar las máquinas de la planta ubicada en la calle Veracierto.

De hecho, el Partido Nacional solicitó ayer la destitución de Díaz por entender que el gobierno cometió una "abierta injerencia" sobre el Poder Judicial. El presidente del directorio nacionalista Jorge Larrañaga dijo que el ministro del Interior violó "el principio de separación de poderes", afectando "la independencia" judicial.

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, analizará hoy el tema, por entender que la posición de Díaz "no permitió garantizar la actuación de la justicia", dijo a El País el ex vicepresidente Luis Hierro.

Por su parte, tres de las principales gremiales empresariales -Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y Asociación Rural- emitieron ayer un comunicado donde "alertan a la población" acerca de "los hechos que han debilitado notoriamente nuestro sistema judicial". Las cámaras hacen referencia a "actos de prepotencia y avasallamiento del Derecho" y acusan a las organizaciones sindicales de provocar "desbordes" por no aceptar "que nuestros jueces tengan una opinión diferente a la que ellos sustentan".

Estas tres gremiales parecen anticiparse así a una reunión que tendrá lugar este mediodía en la sede de la Asociación Rural, donde estará presente el propietario de Dancotex, Daniel Soloducho. Allí más de 20 cámaras empresariales analizarán los hechos sucedidos en el conflicto de la empresa textil, además de abordar el polémico decreto de prevención de conflictos, que varias cámaras impugnarán por entender que legaliza las ocupaciones (ver nota aparte).

El Pit-Cnt, en tanto, realiza contactos para lograr que se retomen las negociaciones. "Queremos desjudicializar el caso y por eso buscamos puntas por todos lados. El ministerio debe convocar a las tres partes y plantear una salida negociada", comentó el secretario de organización, Juan Castillo, que se reunió ayer con Bruni y con "viejos dirigentes textiles". El lunes de noche, había estado con el ministro Díaz.

A pesar de que Soloducho ha dicho públicamente que no negociará mientras no se cumpla la orden judicial, el subsecretario de Trabajo no descartó que la empresa vuelva a participar en una negociación tripartita e incluso afirmó que el gobierno trabaja en ese sentido.

PASO A PASO. El martes 6 de junio Corrales dispuso que se concrete la medida de retiro de la maquinaria, que no se había podido realizar el viernes 2. Mediante oficio requirió al Ministerio del Interior el apoyo necesario para el ingreso a la planta.

El miércoles 7 la jueza suspendió la medida después de recibir comunicación telefónica de la Suprema Corte con la respuesta del Ministerio del Interior. Pero parece haber habido un problema de interpretación: en el expediente Corrales puso de puño y letra que la corporación solicitaba "la suspensión" por "falta de plazo para su implementación". Pero el comunicado enviado ayer por la SCJ indica que "contrariamente a lo consignado por Corrales", nunca se solicitó la suspensión, sino que Rodríguez Caorsi "tan sólo se limitó a transmitirle la solicitud de prórroga del cumplimiento de la medida formulada previamente por el ministro del Interior".

Un día después, la jueza aceptó una recusación presentada por el Pit-Cnt y se retiró del caso.

Seguridad

El Ministerio del Interior consideró que en dos días no podía montar un operativo que iba a durar 4 días

"Si podemos evitar un enfrentamiento (al retirar las máquinas), mejor. Pero no podemos interferir en decisión judicial", dijo Bruni