El Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias planteó al Ministerio de Trabajo su preocupación por la demora en el tratamiento de la reforma de la institución, que atraviesa una situación de desfinanciamiento. En un memorándum enviado el mes pasado al que se le hicieron agregados el 11 de mayo y que contiene un diagnóstico de la situación, se señala que "dilatar el estudio no haría más que dificultar las soluciones posibles para un tema tan sensible y para un colectivo que nuclea entre afiliados y sus familias más de 100.000 personas".
En la carta enviada al ministro Eduardo Bonomi, se señala que "no abandonamos la pretensión de discutir la inclusión de un impuesto a las transacciones financieras, ya que nuestros cálculos preliminares, nos indican que con una mínima alícuota sumada a las demás propuestas planteadas tanto en lo financiero, y variantes paramétricas, podríamos dar viabilidad a nuestro instituto en el corto plazo, e incluso habilitaría el estudio de la rebaja de aportes patronales".
En la misiva se señala que el instituto está "en graves problemas" por la "inacción" de gobiernos anteriores, lo que hace que el Estado deba asumir la responsabilidad de buscar soluciones.
La caja muestra su preocupación por "el posible desfasaje" entre el tratamiento parlamentario de la reforma de la caja bancaria con el de las modificaciones tributarias que impulsa el gobierno.
Tras enviar el memorándum, el consejo directivo se reunió con el subdirector de Planeamiento y Presupuesto, Daniel Mesa, al que planteó que se debería habilitar la posibilidad de deducir del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas el pago que los afiliados al instituto hacen de un impuesto creado por la ley 17.841 y la contribución transitoria establecida en 2002 para financiar el Seguro de Desempleo de los bancarios.
La ley 17.841 estableció un tributo que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2007 cuyo producido será destinado exclusivamente a la caja y que grava todas las sumas nominales mensuales que por cada cédula jubilatoria o pensionaria paga la institución. Su alícuota oscila entre 0% y 18%.
En el documento los directivos de la caja recuerdan que se han tomado medidas como congelar los topes mínimos y máximos y las primas por edad y que se llevaron los gastos internos a niveles mínimos pese a lo cual la institución debió apelar a usar sus reservas en 2004. El propio ministro de Economía, Danilo Astori, ha dicho que la caja está "técnicamente quebrada".