Nuevas extradiciones en el horizonte

Alfonso Lessa | Análisis político

Dos décadas atrás, la citación por parte de la Justicia ordinaria de algunos militares denunciados por violaciones de derechos humanos, generaba la primera gran crisis de la casi naciente transición democrática y aceleraba la aprobación de la ley de caducidad. Entonces, el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Hugo Medina -hombre clave de la transición- optó por guardar bajo llave las citaciones y quedó claramente planteada la posibilidad de un desacato del Ejército a las instituciones.

Para evitarlo, el gobernante Partido Colorado y buena parte del Partido Nacional votaron -después de mucho discutirlo- la norma que de hecho implicó una amnistía para militares y policías involucrados en las violaciones a los derechos humanos.

Para colorados y blancos era una lógica consecuencia del Pacto Club Naval del que había participado el Frente Amplio. En ese pacto, la izquierda se sumó a Sanguinetti buscando su rehabilitación de cara a las primeras elecciones democráticas en 13 años.

Los citados en aquella época eran, en buena parte, los mismos que hoy están detenidos a disposición de la Justicia ordinaria con la posibilidad de ser extraditados a la Argentina. Las últimas semanas han sido una clara demostración de lo que ha cambiado el escenario en materia de política militar: primero, se trató de la extradición de tres oficiales a Chile, dos de los cuales permanecen en actividad, por el caso Berríos. Luego fue el fulminante operativo para detener a un grupo de militares y policías involucrados en una causa llevada adelante en Argentina, que incluye el caso de la nuera del poeta Juan Gelman.

En 1984 el teniente general Medina recorrió unidad por unidad de todo el país para convencer, a quienes todavía tenían el poder, de que era necesario un pacto como el del Club Naval. No eran tiempos fáciles para nadie: ni para el propio Medina que estaba, por una parte, enfrentado al presidente Gregorio Alvarez y, por otra, había llegado a recibir advertencias sobre su vida de los sectores más duros del Ejército.

En sus recorridas por los cuarteles, Medina aseguró que no habría revisionismo en materia de derechos humanos. Pero también marcó una excepción: nadie defendería a aquellos que hubieran "metido la mano en la lata", como le gustaba a él mismo definirlo.

En una entrevista con Telemundo 12 el año pasado, el coronel Gilberto Vázquez -uno de los detenidos- aseguró que el secuestro y asesinato de la nuera de Gelman no había sido de modo alguno un operativo de inteligencia ni ordenado por los mandos. Insinuó claramente que detrás de esos terribles episodios, existía un tema de corrupción.

Parece claro entonces que el caso no encaja en la ley de Caducidad por ninguna parte: ni por el hecho de que el delito comenzó a gestarse en Buenos Aires con el secuestro de la víctima; ni porque haya sido una acción ordenada por los mandos como exige la ley de Caducidad; y además, porque aparentemente detrás del mismo hubo motivos económicos -un intento de chantaje según la opinión más razonable-, o la venta de la bebé, una alternativa en la que ya muy pocos creen.

La propia posición de Gilberto Vázquez sobre el caso, dejándolo él mismo fuera de la Caducidad, demuestra que no todos los detenidos aprecian el asunto del mismo modo.

En cualquier caso, defender a los autores de este secuestro y homicidio no resultará fácil para el Ejército.

Es cierto que algunos de los militares detenidos han constituido casos muy sensibles para los propios militares, porque aparecen en cuanta denuncia existe y por tanto en algún momento el Ejército se abroqueló en torno a ellos. Pero el tiempo pasa y no sólo cambiaron radicalmente las condiciones externas e internas del país, sino que también varió la situación de varios de estos militares y policías acusados, hoy desacreditados ante sus propios pares por motivos ajenos a aquellos tiempos: Arab fue degradado; Gavazzo fue procesado por un delito común vinculado a la falsificación de reales; y los policías acusados también han sido procesados por delitos comunes.

Seguramente, es muy probable que esté todo dado para que un caso emblemático pueda resolverse sin mayores dolores de cabeza para nadie, quitando presión al gobierno, como lo hizo en su momento el hallazgo de restos de desaparecidos, pocos, pero también emblemáticos.

Declaración

El coronel Vázquez había insinuado que el caso Gelman era un tema de corrupción