Evo Morales va por la tierra

LA PAZ | LA NACION/GDA

El presidente Evo Morales se apresta a sacudir a Bolivia con otro decreto controvertido. Dentro de algunas semanas, anunciará la nacionalización de la tierra: obligará a muchos propietarios rurales a ceder sus campos al Estado, que se los dará a su vez a comunidades indígenas.

Es el segundo paso en que piensa el líder cocalero después de la nacionalización de los hidrocarburos. La iniciativa, que remite de modo inevitable a la reforma agraria iniciada en 1953, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, fue adelantada por el viceministro de Tierras boliviano, Alejandro Almaraz.

"Hubo en Bolivia grupos de poder que se beneficiaron con tierras que no trabajan y sólo usan para negocios especulativos, para venderlas a un precio mucho mayor o como garantía para obtener créditos bancarios. En muchos casos, incluso, obtuvieron la tierra de manera irregular", afirmó Almaraz.

El funcionario habla con la parsimonia de quien no está transmitiendo una decisión que muchos juzgarán como explosiva. El jerarca no espera que las cosas sean sencillas: "Esperamos la oposición de estos grupos de poder. Ojalá que esta oposición se someta a los medios pacíficos que tiene la ley. Así obraremos nosotros", afirmó.

Los terratenientes a quienes afectaría la medida, pertenecen a familias tradicionales y el gobierno parte de la presunción de que esos terrenos fueron vendidos por el fisco a precios viles, y otorgados a amigos del poder durante las administraciones de Hugo Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada. "Sólo el entorno poderoso tenía acceso a las tierras", dicen en el Ministerio de Planificación de Desarrollo, que concretará la idea. Los Estados de Santa Cruz de la Sierra, Pando y Beni son los más comprometidos.

El decreto será anunciado en un mes por Morales, y elevado a rango de ley después por el Congreso nacional. Almaraz dice que el Estado podría apropiarse de más de 10 millones de hectáreas que están en esa situación, y que es erróneo utilizar la figura de la expropiación. "Eso se hace cuando el Estado tiene que indemnizar. Aquí no tenemos por qué hacerlo, así que se recurrirá a la figura de reversión." En el gobierno descuentan que la medida causará impacto, pero que a diferencia de lo que ocurrió con los hidrocarburos, la repercusión será sólo local.

Hace tres años, circularon estudios que afirmaban que existen en todo Bolivia 28 millones de hectáreas en manos de sólo el 7% de propietarios de instalaciones agrícolas. Y que los campesinos exhiben apenas 4 millones de hectáreas, es decir, el 13%. El restante 87%, entonces, pertenece a los referidos grupos de poder.

Morales también prepara una incursión sobre un sector de alta rentabilidad: la minería.