La extradición tuvo respaldo del gobierno y parte de la oposición

La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, sorteó con éxito la interpelación del diputado colorado Daniel García Pintos, y obtuvo un respaldo casi unánime en la Cámara de Diputados. La instancia se cumplió por la decisión del gobierno de no objetar el fallo de la Justicia, disponiendo la extradición a Chile de tres oficiales del Ejército para ser investigados sobre las causas del secuestro, desaparición y muerte del científico chileno Eugenio Berríos.

El Partido Nacional terminó apoyando al Poder Ejecutivo y a la Justicia en el criterio de aplicación del tratado de extradición vigente entre Uruguay y Chile, por lo que solamente el Partido Colorado desaprobó las explicaciones de la ministra Berrutti sobre la actitud del gobierno en torno a la entrega del coronel retirado Tomás Casella, del coronel Wellington Sarli y del teniente coronel Eduardo Radaelli, éstos últimos en actividad.

La posición de los blancos sumándose al Frente Amplio (FA) y al Partido Independiente (PI), encuentra explicación en el hecho de que su gestión de gobierno entre 1990 y 1995 (la época en que se produjo la llegada, el secuestro y la muerte del ex agente de los servicios secretos de la dictadura de Augusto Pinochet) no resultó cuestionada por la izquierda en su defensa de la ministra Berrutti, posibilidad que estuvo latente en los días previos.

Durante su intervención de hora y media, el diputado García Pintos hizo un largo repaso de los hechos. Por ejemplo, dijo que además de la determinación de la SCJ hubo "una decisión política".

Según el legislador, los oficiales son inocentes porque "lo demostró la Justicia uruguaya" y agregó que "ahora están siendo juzgados por el mismo delito" en un Estado extranjero, sosteniendo que cayeron "en una trama diabólica". "El gobierno actuó con arrogancia. Al presidente le faltó coraje y coherencia para no entregar a estos compatriotas", aseveró. "Fueron como conejos de indias", destacó.

García Pintos recordó cuando Vázquez -siendo candidato a presidente- fue al Hospital Filtro para intentar impedir que se extraditara a los presuntos miembros de ETA. "Por eso ahora le faltó coraje a Vázquez. El gobierno guapeó con los nuestros, pero se achicó afuera", por ejemplo en el trato con el gobierno argentino; "se achicó cuando el ministro del Interior argentino le faltó el respeto. Sentí vergüenza ajena", reconoció el legislador colorado.

Sostuvo que en este caso hubo "conspiración", "patrañas" y "un error que cometió el juez Salazar de Pando".

Luego, como se esperaba, apeló a valoraciones del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que no ha compartido la decisión de la Suprema Corte y del Poder Ejecutivo. "Tiene razón (el senador Fernández) Huidobro: son presos políticos", dijo García Pintos.

DIFERENCIAS. A mediodía hubo un cuarto intermedio. En la bancada del Frente se procuró disuadir al miembro del MPP, Luis Rosadilla, de hablar para que no expusiera públicamente las diferencias, dado que podía abrir flancos a la oposición. Pero no fue posible. Es más, antes de finalizar el intermedio, Rosadilla se ubicó en su banca.

Reanudada la reunión, el socialista Jorge Menéndez le marcó la cancha a Rosadilla anunciando que hablaría por "todos" los diputados para dar el "apoyo irrestricto" de "toda la bancada" al Poder Ejecutivo.

A continuación, Rosadilla dijo compartir lo expresado por Menéndez, y acusó a las autoridades del Ejército de la época -nombrando al teniente general Rebo- llo que lo observaba desde las barras y al general Mario Aguerrondo, jefe de la Inteligencia- por haber "subvertido el orden" al darle protección a un agente chileno que era perseguido por la Justicia de aquel país. Y advirtió una "omisión gravísima" de Aguerrondo por no haberle informado al ministro de Defensa en aquellos años, Mariano Brito, de quien dependía directamente esa oficina militar. "No fue casual ni esporádica" la ayuda de los servicios de inteligencia uruguayos, estimó Rosadilla porque "hubo muchos otros ciudadanos chilenos" que huyeron de la Justicia.

El caso de Rosadilla no fue el único que se analizó en la bancada. El Nuevo Espacio solicitó autorización para dar a conocer su posición, pero se le negó.

Rosadilla reconoció que en la bancada se le había pedido que fuese "muy cuidadoso" con sus dichos sobre el Poder Judicial. Apenas dijo que sentía "insatisfacción", "dudas" y "desconcierto" con la actuación policial y judicial y admitió que le gustaría "expresar mucho más".

Rosadilla negó una vinculación del MPP con la logia Tenientes de Artigas, a la que pertenecen los militares extraditados, que calificó como relación "maquiavélica o diabólica".

No defendió a los militares, como algunos sectores esperaban, y apenas sostuvo que "es inadmisible que el piolín se corte por lo más fino".

Luego, el diputado blanco Javier García afirmó que "los fallos de la Justicia se tienen que acatar". Y al advertir que desde el oficialismo no se había atacado directamente a la gestión del Partido Nacional en los años en que Berríos fue secuestrado y luego asesinado, devolvió la actitud y tampoco cuestionó al Poder Ejecutivo.

Poco después se votó una moción que tuvo 82 votos en 89.

Berrutti respondió una a una las seis preguntas de García Pintos. Dijo que los militares continúan cobrando sus sueldos (Sarli y Radaelli) y pasividad (Casella).

Explicó que el viaje del general Manuel Saavedra y el coronel Miguel Fernández -además abogado- a Chile, para conocer las condiciones que tendrían en Santiago, fue costeado por el Ejército y demandó U$S 900.

Berrutti dijo que el traslado de los militares a Chile se produjo en la mañana del martes 18 de abril, en vez del viernes 21, como inicialmente estaba previsto, por razones operativas de la Fuerza Aérea, dado que tenía un avión demorado en Brasil y el miércoles 19 debía llevar al presidente a Paraguay. El ministro del Interior, José Díaz había señalado que se anticipó el viaje por el atentado contra el juez Mirabal.

Berrutti también informó que el vuelo del avión Hércules C-130 a Santiago con los tres militares extraditados insumió un gasto de U$S 14.000.

En las barras de la Cámara de Representantes, a media capacidad, estuvieron durante casi toda la sesión de la interpelación los generales retirados Iván Paulós, Luis Pírez y los presidentes del Centro Militar, tenientes generales Juan Rebollo, y del Círculo Militar, Raúl Mermot, ambos ex comandantes en Jefe de la fuerza de tierra, entre otros militares retirados.

La nota la dio Paulós, que cuando se retiraba fue abordado por varios periodistas. Ahí, extrajo de su saco una bolsa con caramelos e invitó a los comunicadores. Ninguno aceptó.