Defensa gana un juicio por honorarios

Un tribunal de apelaciones puso fin a las pretensiones de una empresa de cable que reclamaba diez millones de dólares de honorarios en un juicio contra el Ministerio de Defensa, por la revocación de un permiso para servicios de televisión por abonados. Los demandantes reclaman al Estado 240 millones de dólares en el juicio principal.

El abogado de la cartera en este caso, Juan Andrés Ramírez, había apelado esa pretensión y en primera instancia, la sede condenó al Ministerio a pagar solamente 5.000 dólares. Volvió a apelar y ahora el tribunal de lo civil de segundo turno, fijó el monto de los honorarios en 1.250 dólares.

La sala dio la razón al asesor del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la ausencia de derecho de cobro de costos cuando se litiga en causa propia. Los ministros afirmaron que no corresponde pagar honorarios porque "el vencido no debe ser gravado más allá de los estrictamente indispensable y sólo debe ser obligado a reembolsar los costos producidos por actos necesarios y útiles". Los demandantes entablaron aparte este juicio de regulación de honorarios.

Sobre el reclamo de fondo de la causa, la justicia aún no se ha pronunciado. Los propulsores de la acción judicial reclaman ser resarcidos por la revocación de los permisos que les otorgó el Ministerio de Defensa para suministrar dos frecuencias de televisión para abonados en el departamento de Canelones. En el cálculo de la demanda estiman 30 años de pérdidas, plazo original de la concesión.

De todos modos, el caso ha tenido numerosas derivaciones. En octubre pasado, el juez Rolando Vomero procesó al abogado Hugo Permuy Brito, por conjunción del interés público y privado. El abogado que tenía el grado de teniente coronel intervino en la revocación del servicio, pero además asesoró a los demandantes.

Los abogados del Estado también apelaron la pericia agregada al caso, ya que el perito Néstor Camusso también fue procesado por estafa. Plantearon que con ese antecedente su actuación no daba garantías. A su vez, la justicia de lo contencioso administrativoque entiende en el juicio, rechazó algunos aspectos de un recurso planteado por el Ministerio y otros los dejó para considerar en la sentencia definitiva.