La Suprema Corte de Justicia notifica hoy de la sentencia a las partes de la sentencia con los argumentos por los que los ministros Hipólito Rodríguez Caorsi, Leslie Van Rompaey, Daniel Gutiérrez, Roberto Parga y Pablo Troise coincidieron en conceder la extradición de militares uruguayos a la justicia chilena.
Así Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli viajarán a Chile para ser juzgados por el secuestro y posterior muerte del químico Eugenio Berríos. Según pudo saber El País la decisión —que es definitiva e inapelable—se tomó ayer por el voto unánime de los cinco ministros que integran la corporación.
La vicecanciller, Belela Herrera, dijo que sabía que la resolución estaba siendo procesada por Suprema Corte de Justicia para extraditar a los tres militares a Chile.
"Ya sabíamos que se estaba procesando en Chile. El abogado de la familia Frey nos dijo que ya sabía que, casi con unanimidad, la Corte otorgaría el permiso para extraditar a los militares requeridos por la Justicia chilena", aseguró Herrera.
La noticia coincidió con la breve visita que realizó a Uruguay la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El reclamo de la extradición de los militares por el caso Berríos fue un planteo de la izquierda chilena y estuvo presente todas las veces que un presidente uruguayo Tabaré visitó el país andino.
Este aspecto fue uno de los puntos criticados por el abogado defensor de los militares, Amadeo Otatti. "Parecería que se hubiera esperado el momento en que la presidenta de chile estuviera acá para darle la cabeza de los tres militares por los que tanto ha insistido su gobierno" dijo a radio Sarandí.
Aunque opinó que no hay elementos que permitan desplazar la competencia del caso a Chile y señaló que existe malestar en el Ejército por el fallo, el abogado aclaró que los militares acatarán la decisión.
La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, afirmó durante la visita de Vázquez a Chile que el Poder Ejecutivo le comunicó al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, que el gobierno se ajustaría estrictamente a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia. "El gobierno no va a discutir las decisiones de la Corte. Se van a cumplir", afirmó Berrutti.
En el sentido de extraditarlos se había pronunciado el tribunal de apelaciones penal de tercer turno que a su vez había ratificado la sentencia del juez Gustavo Mirabal.
El juez penal concluyó que surge la apariencia de una organización integrada por efectivos militares y para- militares de Chile, Argentina y Uruguay para coordinar el secuestro. Mirabal señaló que "fluye claramente de los antecedentes remitidos, que la llamada Inteligencia Uruguaya, estaba en perfecto conocimiento del proceder de su similar chilena, y de que existieron acuerdos sobre la modalidad en que Berríos debía ser controlado a fin de no afectar relaciones de seguridad nacional".
El magistrado señaló que el secuestro y la privación de libertad son delitos permanentes y aunque los requeridos no hayan tenido participación en los hechos desde el comienzo, se hacen partícipes o copartícipes del mismo "porque el delito permanente está permanentemente consumándose".
El País
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