El Poder Ejecutivo intentará resolver sus diferencias con las patronales en torno al proyecto de ley de prevención de conflictos en un encuentro de alto nivel donde las autoridades de las cámaras empresariales estarán frente a frente con los ministros de Trabajo, Economía, Energía y Ganadería.
La propuesta fue realizada ayer por el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi en una reunión con seis representantes empresariales, quienes le comunicaron el rechazo patronal a la polémica iniciativa oficial, que regula las ocupaciones de lugares de trabajo.
Los empresarios le hicieron saber a Bonomi que no participarán en la comisión cuatripartita anunciada por el propio jerarca para discutir el proyecto de ley. Le comentaron que "quieren el diálogo" con el gobierno, pero en base a un "proyecto distinto".
Las cámaras cuestionan en especial dos artículos del proyecto del gobierno: el número dos (que obliga al empleador a comunicar toda reestructura de la empresa o reducción de personal en forma previa) y el séptimo (que admite la ocupación como modalidad del derecho de huelga, dice que la ocupación deberá ser pacífica y establece reglas a la hora de tomar el lugar de trabajo).
Para las patronales, este último artículo "legaliza" las ocupaciones. Entienden que es "inconstitucional" considerar la ocupación como extensión del derecho de huelga. Pero Bonomi tiene la posición opuesta y adelantó que no puede cambiar el mencionado artículo.
PROYECTO. El jerarca explicó ayer a los empresarios que el proyecto busca atenuar la conflictividad y la gran cantidad de ocupaciones. Aclaró que no se trata de una iniciativa personal, sino del gobierno.
"Este no es un capítulo laboral desprendido. Forma parte del proyecto del gobierno de país productivo, de la búsqueda de trabajo, de la creación de empleo, de la búsqueda de colocación de nuestros productos en el exterior", comentó Bonomi a El País.
Teniendo en cuenta las serias diferencias sobre cómo establecer reglas claras entre patrones y trabajadores, Bonomi invitó al empresariado a otra reunión la próxima semana.
Lo peculiar es que allí participarán los ministros Danilo Astori (Economía), Jorge Lepra (Industria), José Mujica (Ganadería) y el propio Bonomi. "Se pondrán más temas arriba de la mesa. Después de esa reunión vamos a considerar qué hacemos. Tenemos la voluntad de que el proyecto se apruebe lo antes posible", señaló Bonomi.
Y agregó: "Podemos tener (con los empresarios) una diferencia de enfoque en cómo establecemos las relaciones laborales, pero no en cuanto a que queremos el desarrollo productivo del país. Y que ese desarrollo se interrumpa lo menos posible por conflictos que se pueden prevenir".
Por el momento, y ante la negativa patronal, Bonomi no convocará por ahora al ámbito cuatripartito que había anunciado para analizar el proyecto de prevención de conflictos.
DIFERENCIAS. Las patronales rechazan de plano que sean reconocidas las ocupaciones a través de una ley, pero sí estarían dispuestas a ceder si se tratara de un decreto, dijeron a El País fuentes del sector empleador.
En representación del empresariado, ayer se reunieron con Bonomi el titular de la Cámara de Comercio Horacio Castells, así como los presidentes de la Asociación Rural (Fernando Mattos), de la cámara de Industrias (Washington Burghi), la Cámara Mercantil (Ricardo Seizer), la cámara de la Construcción (José Ignacio Otegui), y de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Ricardo Posada).
El encuentro duró cerca de una hora y media. Los empresarios destacaron como positivo que se mantiene el diálogo, pero no ocultaron que las posiciones están distanciadas. "No estamos dispuestos a negociar algo que entendemos es inconstitucional. Sí lo podemos hacer en base a otro proyecto", explicó Burghi.
Posada, en tanto, dijo que el empresariado no comparte "los principios básicos" del proyecto, pero aclaró que el gobierno y las cámaras tienen el mismo "espíritu": "que el país necesita normas claras que aseguren paz entre trabajadores y empresarios. Hacemos el mismo diagnóstico con el Poder Ejecutivo pero tenemos diferencias en los mecanismos para solucionar la situación".
Castells, por su parte, reiteró que la iniciativa "no es buena" porque afecta el derecho de propiedad y de dirección de las empresas. Admitió que es negativo seguir con la confrontación y que por eso se ha apostado al diálogo.
Estación
Una nueva ocupación se produjo ayer. Se trata de una estación de servicios Shell ubicada en Ramón Anador y Washington Beltrán, pero el caso es distinto al de otros conflictos. Los ocho empleados de la estación ocuparon "para resguardar el material que tienen allí", después de que el dueño viajó al exterior, la firma cerró sin previo aviso, retirando incluso el combustible y los surtidores que había en el lugar.
Cuestionamientos
- Los empresarios critican en especial dos artículos del proyecto oficial. Uno de ellos es el número dos, que indica que el empleador deberá aportar "información pertinente y veraz" con carácter previo a "toda reestructuración o reducción de personal de la empresa por motivos económicos, tecnológicos, estructurales u otros, que afecte o pudiere causar consecuencias adversas en las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral".
- Tampoco aprueban el artículo siete, que establece que la ocupación como "modalidad del ejercicio del derecho de huelga" deberá ser pacífica. Obliga al sindicato a labrar un acta inmediatamente de producida la ocupación, y a adoptar medidas "para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros". También obliga a "mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos" sin poner en riesgo la empresa. Prohíbe a los ocupantes "asumir el giro o funcionamiento normal" de la firma.