Alerta por trato militar de China con América Latina

| El comandante de EE.UU. para la región culpa a Washington de dejar el espacio libre para que lo ocupe Beijing

Daniel Herrera Lussich | Corresponsal permanente |el pais en washington

La más alta autoridad militar de Estados Unidos en América Latina alertó sobre el entrenamiento y armamento que están recibiendo de China las fuerzas armadas latinoamericanas

El general Bantz Craddock, comandante americano para la región, formuló el planteo ante la Comisión de Servicios Armados del Senado y responbilizó, sin ocultar su inquietud, a la ley promulgada hace tres años por el gobierno Bush, que prohibió enviar entrenadores castrenses y suspendió la ayuda militar a los 11 países latinoamericanos.

Son aquellas naciones que integran la Corte Criminal Internacional y que se negaron a firmar acuerdos bilaterales -Uruguay es una de ellas- que conceden inmunidad a los soldados estadounidenses que pudieran ser acusados por el Tribunal.

Durante la audiencia parlamentaria varios senadores, entre ellos la demócrata Hillary Clinton y el senador republicano, John McCain, de Arizona, ambos firmes candidatos para disputar en las elecciones primarias de sus partidos la candidatura a la presidencia de la República en las próximas elecciones, anunciaron que presentarán modificaciones a la polémica ley.

Craddock denunció en el Congreso que China está ocupando el espacio que dejó libre Washington en los 11 países latinoamericanos (Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica y México, entre otros), cuando en una medida de represalia y como sanción prohibió el uso de los Fondos de Asistencia Económica a los miembros de la Corte Penal Internacional, exceptuando a aquellos que se avenían a suscribir un acuerdo bilateral con Estados Unidos, por el cual las partes se comprometen a no entregar o trasladar a la CPI , sin el conocimiento expreso de Estados Unidos, a funcionarios del gobierno estadounidense o a su personal militar.

el factor china. El General Craddock expresó que las 11 naciones latinoamericanos, sin excluir a ninguna de ellas en sus palabras, que no firmaron esos tratados han encontrado en China una alternativa atractiva para el entrenamiento militar.

Según el comandante "hay personal de jerarquía castrense latinoamericano en tareas de adiestramiento en academias en China y cada vez hay más equipo militar chino en la región".

La ayuda militar que Estados Unidos entregaba a Uruguay era de cinco millones de dólares y distinto tipo de donaciones de equipamiento, que se dividía en fondos para educación militar por un total de U$S 450 mil, un millón de dólares para financiación, U$S 611 mil asignados para aviones de patrullaje marítimo y U$S 2,3 millones que correspondían a 2004.

Las partidas retiradas a Uruguay como a los otros 10 países latinoamericanos fueron reasignadas a los 53 países que accedieron a firmar el acuerdo bilateral de inmunidad para los soldados americanos.

historia. En julio de 1998 las Naciones Unidas aprobó por 120 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones el Tratado de Roma que creaba la Corte Penal Internacional.

El 31 de diciembre de 2000 habían firmado 139 países y 91 ratificado el Estatuto de Roma, entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Pero el 6 de mayo de 2002 el presidente George W. Bush dio marcha atrás y por medio de una carta que envió al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, "desfirmó" lo aprobado por su antecesor en la Casa Blanca.

La denuncia y alerta del General Craddock, quién señaló inquieta también a otros alto mandos militares americanos, está sobre los escritorios de varios legisladores para analizar modificaciones por el Congreso.

Pero a su frente, nuevamente surge una confrontación desde la Casa Blanca, se vaticina que el presidente Bush no acepta cambios e interpondría el veto a cualquier iniciativa parlamentaria.

Condición

Son los países que se oponen a un acuerdo bilateral que otorgue inmunidad a militares americanos

Corte penal

La Corte Penal Militar tiene como competencias procesar a las personas físicas, mayores de 18 años, que hayan cometido crímenes contra la comunidad internacional, como son el genocidio, lesa humanidad, guerra y crimen de agresión.

Nadie queda exento de su responsabilidad criminal por cargo oficial, por lo tanto no excluye a jefes de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o de un Parlamento, representante elegido o funcionarios oficial.

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