Confuso y frustrante

Después del encuentro en Chile entre Vázquez y Kirchner, una ola de desconcierto y frustración se ha extendido sobre el Uruguay. Lo que antes se había constituido en motivo de unidad nacional sin reticencias se volatilizó en una mañana.

El asunto de las plantas procesadoras de celulosa, con el correr del tiempo y los acontecimientos sobrevivientes, había dejado de ser una controversia sobre la ecología y había pasado a ser, por un lado, un asunto de soberanía y, por el otro, de rechazo a la prepotencia y apego a los procedimientos según derecho. La posición uruguaya en ese nivel básico era sólida, clara y civilizada; un estado no puede avenirse a negociar nada bajo amenaza o coacción, sea de un gobierno, sea de particulares de un país ajeno. Además, el Uruguay no depende del beneplácito ajeno para construir dentro de su territorio lo que entienda conveniente y no lesione a nadie, ni a propios ni a vecinos (como es el caso).

Es cierto que, así como la causa de Uruguay era y es tan justa y tan legítima, también hay que admitir que, en todos los meses que lleva el conflicto con Argentina, la forma en que nuestro gobierno lo ha manejado no ha sido adecuada. La mejor y más justificada de las causas, si es manejada con los pies, corre peligro de no llegar a buen puerto.

Un primer aspecto de descuido o de torpeza es el hecho de que haya tantos jerarcas y figuras del gobierno metiendo la cuchara. Tenemos al Presidente, que se mantuvo firme y coherente en todas sus declaraciones públicas (hasta la fatídica mañana en Santiago de Chile). Ha intervenido el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y también lo hizo alguna vez el Ministro Arana cuando estuvo de paso por Montevideo. En un momento dado el Ministro de Ganadería resolvió tomar el toro por las guampas y tramitó algo en una reunión en Buenos Aires con el Canciller argentino. Luego entró como refuerzo el inefable senador Saravia, proponiendo que nos adiestrásemos en el manejo de las armas porque la región se estaba poniendo áspera. El Canciller Gargano, por supuesto, tuvo sus intervenciones diciendo que no había diálogo cuando compañeros suyos estaban tratando de entablarlo y otras por el estilo. También el Vicepresidente terció a su momento calificando de impertinentes las palabras del Presidente argentino ante el Congreso de su país. (Yo hubiera calificado del mismo modo las palabras de Kirchner, pero no se puede negar que la polifonía, en este caso, juega en contra). Finalmente (o desde el comienzo) detrás de todo esto operaba el menos indicado de todos para resistir presiones: el Dr. Gonzalo Fernández, secretario de Presidencia.

Con un manejo de la crisis de las características arriba reseñadas, ni nos tomaron en serio en la Argentina, ni pudimos contar con el apoyo o la benevolencia de países amigos u organismos internacionales, reticentes por unanimidad a intervenir en una cuestión donde cada día traía una nueva sorpresa. Ese manejo rudimentario, caracterizado por lo que ahora se llama déficit institucional, ha comprometido el éxito de una causa justa, en la que a Uruguay le asiste toda la razón, y donde se juega un beneficio económico muy grande. Ahora, después del encuentro de Chile, no sabemos en qué terreno nos encontramos. En un momento no sabíamos cómo habría de ser el final del litigio, pero sabíamos dónde estábamos parados y aguantábamos bien. ¿Ahora?

Un gobierno tiene la obligación de velar por ciertos bienes colectivos de impacto general: el equilibrio de las cuentas fiscales, el nivel de ocupación laboral, la estabilidad de la moneda, etc. Pero hay un patrimonio nacional de los uruguayos que es más importante que todo eso y de cuya custodia es responsable el gobierno: la autoestima de este pueblo, el respeto por sí mismo y el que se ha ganado frente a los otros países. No hay base más sólida para el funcionamiento y progreso de esta sociedad que el hecho de que sus habitantes puedan enfrentar las vicisitudes de la vida con altiva dignidad.