La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad

La protección social en América Latina y el Caribe se encuentra hoy en una inflexión histórica, que reclama un cambio de enfoque ante el nuevo orden global y sus repercusiones en nuestras sociedades. Universalizar y mejorar la protección social es un desafío que hoy recorre el debate político y académico, ocupa titulares de prensa y ronda como urgencia en la conciencia de latinoamericanos y caribeños. Son muchos y muchas quienes en la región se ven afectados por incertidumbres sobre su futuro laboral, la atención de la salud, la cobertura de la seguridad social y la disponibilidad de ingresos familiares.

Las reformas iniciadas en los noventa no lograron resolver los problemas de financiamiento y cobertura de los sistemas de protección social. En el documento que presentará la Cepal en su Trigésimo primer periodo de sesiones que comienza mañana en Montevideo, se plantea una agenda de políticas que busca mejorar el acceso, financiamiento y solidaridad de los sistemas de protección social en los países de la región, tendiendo puentes entre los derechos sociales y los criterios de política destinados a reforzar su exigibilidad. Una mejor protección social potencia las sinergias positivas entre equidad social, democracia participativa y crecimiento económico.

El principal elemento que lleva a repensar los mecanismos de acceso a la protección social es el mercado de trabajo. Las economías de la región no generan suficiente empleo, y los puestos existentes tampoco constituyen una garantía de protección social sobre la base de contribuciones salariales debido a la informalidad y las bajas remuneraciones. Si bien resulta imperativo promover políticas que generen más y mejores empleos, no cabe esperar que en el corto o mediano plazo el trabajo se constituya en mecanismo suficiente de protección social para la mayoría de la población.

Esto lleva a replantearse la protección social en el marco de una solidaridad integral, en la que se combinan mecanismos contributivos y no contributivos. Se requiere la combinación de dos racionalidades, la que relaciona los aportes salariales con los beneficios (en salud y pensiones), con la que financia dichos beneficios mediante impuestos. Es necesaria entonces la concertación de un nuevo pacto social que tenga los derechos sociales como horizonte normativo, y las desigualdades y restricciones de las economías como limitaciones que es necesario reconocer y enfrentar.

Las propuestas abordan la protección social en materia de salud, previsión social y programas de lucha contra la pobreza. En el caso de los sistemas de salud de la región, se argumenta que la expansión de la cobertura y de la solidaridad debe basarse en la integración de los sistemas públicos y de seguridad social, la expansión de los sistemas de aseguramiento de cobertura universal y obligatoria, y la definición de paquetes de servicios garantizados y exigibles. Asimismo, debe fortalecerse la atención primaria. En materia previsional, las reformas deben ampliar la cobertura del componente no contributivo y mejorar la solidaridad del componente contributivo mediante un modelo que integre ambos esquemas, mantenga incentivos a la contribución y garantice la viabilidad financiera a corto y largo plazo. Respecto a los programas sociales, se plantea la necesidad de complementar el alivio a la pobreza en el corto plazo con la eliminación de sus causas más estructurales mediante incentivos a la formación de capital humano, de manera de romper el ciclo de transmisión de la pobreza de generación en generación.

La viabilidad de estas propuestas requiere en última instancia de un nuevo acuerdo social que debe incluir definiciones sobre nivel y fuentes de financiamiento, mecanismos de solidaridad, y la definición de derechos garantizados y exigibles, para lograr avanzar hacia una protección social verdaderamente universal.

* Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.